He leído y escuchado muchas veces que pareciera no entenderse aún que cuando gobierna un autócrata resulta el destino manifiesto, por su lógica intrínseca de imponer todo sobre todos, bajo la lógica de “están conmigo o contra mí”, lo que rompe automáticamente con los principios elementales de la democracia como el reconocimiento de las diferencias, la existencia del diálogo, los acuerdos, los regímenes plurales, la competencia democrática y, por encima de todo, el respeto a la ley.
Pero cuando alguien que gobierna un país, como López Obrador, y declara abiertamente “a mí no me vengan con que la ley es la ley” y pretende imponer sus criterios, valores, visiones y juicios a contrapelo de una sociedad, ya estamos hablando de un gobierno autoritario que bajo cualquier circunstancia pretende imponerse a todos.
Por eso resulta ocioso discutir si vamos a una confrontación o no el 2024, cuando hay un polo que pretende derribar todo para que nada le estorbek para conservar el poder.
Y es tanto el afán, que instituciones tan emblemáticas de la imparcialidad, como son las fuerzas armadas y la suprema corte, la primera ha sido seducida por el poder político e inducia por consecuencia a adherirse al presidente López Obrador y su partido MORENA, mientras que la suprema corte ha resistido y parece, con su nueva presidenta, que puede convertirse en el valladar del autoritarismo de ese autócrata.
Mientras que desde la presidencia continúan con el avasallamiento de gobiernos estatales y municipales, como si la gobernabilidad y la lealtad política se dieran por la sumisión y el sometimiento.
Tanto ha incidido ese error de esa consideración en el manejo de las instituciones, que la irritación social es creciente contra ese manejo que ya salió a la calle el pasado 13 de noviembre y con la consigna “El INE no se toca” se convirtió en un monstruo de mil cabezas, que amenaza crecer día con día y que el 26 de febrero saldrá de nuevo a las calles de las principales ciudades del país, ahora con la consiga “Mi voto no se toca”.
Ya la confrontación ha escalado y la disputa porque existan elecciones libres y democráticas está pasando a un contexto político que advierte los riesgos del fraude electoral de Estado, como aquel fraude “patriótico” del PRI en Chihuahua a mediados de los años ochentas del siglo pasado, ahora investido como fraude “por la transparencia” o “por la derrota del conservadurismo”, pero llámese como se llame, la consiga encierra ese dilema.
Y ese dilema no se resolverá con llamados a misa, ni apelando a las buenas personas, sino mediante el crecimiento de ese movimiento social en defensa de las instituciones electorales y la voluntad del electorado, por lo que la marcha del 26 de febrero será el termómetro del nivel de capacidad de resolver el dilema por la democracia.
Espacio que dirige el Dr. Héctor Muñoz los lunes, miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde, con la participación de los analistas Fernando Camacho, Leonel Solís, Oswaldo Villaseñor y un servidor. Los esperamos en Facebook dr hector muñoz
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