Ciudad de México.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó -por unanimidad- suspender los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos para la implementación de la Reforma Electoral 2023,también llamados Plan B, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le otorgó una suspensión provisional contra todos los artículos del paquete electoral.
El Instituto ordenó a las Direcciones Ejecutivas y Unidades Técnicas, así como a los órganos desconcentrados locales y distritales, aplicar -en el ejercicio de sus funciones- las disposiciones vigentes hasta antes de la publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 2 de marzo.
En sesión extraordinaria, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello precisó que se suspende hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva la controversia constitucional.
Recordó que el Instituto se rige por la legalidad y, por ello, acordó en sesión de Consejo General realizada el 3 de marzo, el día de la entrada en vigor de la reforma, el inicio de los trabajos de dichas modificaciones legales que mandató el Poder Legislativo.
Estrictamente, abundó, “se trata de una resolución que pone en pausa, mientras dure la suspensión mencionada, las actividades de instrumentación de la reforma y establece con claridad en atención a los principios de legalidad y de certeza jurídica las normas a las que personal de este Instituto está ceñido en su actuación”.
Asimismo, se suspende la ejecución del Plan de Trabajo y Cronograma del Comité Técnico para la implementación de la Reforma Electoral 2023, indicó la Consejera Carla Humphrey Jordan.
Sin despidos.
“Hasta en tanto no se resuelva el fondo de la controversia constitucional no deberán aplicarse las disposiciones del Decreto de reforma publicado el 2 de marzo, lo que deja a salvo los derechos laborales de las personas que trabajan en el INE”, agregó la Consejera Dania Ravel Cuevas.
Señaló que también se seguirá operando con los órganos locales y desconcentrados en los términos en que se venía haciendo, lo que finalmente redunda en una adecuada atención a la ciudadanía y la garantía de sus derechos electorales.
