Desde por allá en 1823, cuando se instaló la primera república (dirían los amlovistas), hasta nuestros días, el tema del federalismo ha sido en cada época medianamente discutido y menos ha sido resuelto en definitiva.
Es de esta manera precisamente porque se trata del auténtico poder, que de allí se deriva el rol que habrán de tener en la vida del país regiones y localidades, así como niveles de gobierno.
La dispersión nacional que existe después de la guerra de independencia por razones naturales de geografía, que desemboca en los tratados de Guadalupe Hidalgo con Estados Unidos, que entrega la mitad del territorio nacional a aquel país y culmina con la reforma juarista, solo adquiere cuerpo nacional en la medida que las comunicaciones y transportes se imponen, con los ferrocarriles y la marina mercante.
En el contexto de este desarrollo económico en el porfiriato, surge fuerte la idea del municipio libre en la revolución, como base de la república, pero sin capacidad efectiva de concreción y prevaleciendo durante décadas sin funcionar y dando cauce al gobierno centralista que se impone hasta nuestros días, después de la fracasada intención en 1982 de crear un régimen fiscal federalista que integrara los tres niveles de gobierno y existiera un mecanismo para financiar el gasto público, fomentar el desarrollo y contar con un sistema tributario eficaz para todos.
En el constituyente de 1917 el tema del municipio libre fue uno de los más debatidos y el eje de ese debate fue cómo darle autonomía económica que le permitiera ser el cimiento de la república. En el papel quedó aquella intención, pero sigue siendo un sueño anhelado, mientras que el esquema actual permite que municipios y estados sean sometidos y controlados sexenalmente por los gobiernos centralistas de la república que han existido, al extremo de haberse creado el siglo pasado un régimen presidencialista con un partido de Estado que dominó todo.
Desde 1988 esa ha sido la disputa primordial que no ha concluido desde entonces, y que ahora con AMLO amenaza con recrudecerse y ser peor, precisamente porque AMLO no tiene esa idea democrática de una república.
Los poderes omnímodos del presidente de la república le permiten suspender obras en construcción, como el aeropuerto de Texcoco y el metrobus de la Laguna que promovían los gobiernos de Durango y Coahuila, y en contraparte ordenar acondicionar la base militar de Santa Lucía como aeropuerto comercial, construir la refinería Dos Bocas y el Tren Maya, las cuales son la expresión más dramática y grotesca de ese presidencialismo todo poderoso, que no tiene un federalismo capaz de ponerle freno y control.
A estas alturas del gobierno de AMLO ya es muy difícil que rectifique y corrija el rumbo que ha impuesto, porque se ha desaforado y no hay quien lo detenga más que el choque o el precipicio, y que cualquiera será de alto costo económico y social para el país.
AMLO y su gobierno perdieron de vista lo que puede garantizar el éxito de una gran idea ¿Cómo se puede financiar? Este problema hasta ahora no se ha discutido y simplemente se dijo que todo el dinero para programas del nuevo gobierno saldría de la lucha contra la corrupción, y eso fue una falacia, porque el único mecanismo de financiamiento que tiene cualquier gobierno es su sistema fiscal ¿Y cuándo han discutido este? ¿En qué momento se vio y dónde quedó? En ningún lado.
Hasta ahora hemos vivido en estos 8 meses muchas ocurrencias y por mucho que el gobierno tenga mecanismos propios de control, no será suficiente para contener el desastre.
