Ciudad de México.- Con 74 votos en favor y 29 abstenciones, el Pleno del Senado aprobó en lo general y particular la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual busca aplicar una política administrativa para optimizar los recursos con los que cuenta el Gobierno.
A las 6:41 de la mañana fue aprobado el dictamen que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.
Senadores de los grupos parlamentarios opositores criticaron que el artículo 61 permita al presidente realizar la reasignación de los recursos que se generen con los ahorros.
La senadora Minerva Hernández del PAN anunció el voto en abstención de su bancada. Dijo que en la discusión del dictamen en comisiones faltó valor al grupo parlamentario mayoritario para escuchar y ser tolerante a las advertencias que se hicieron sobre los innumerables vicios que tiene la ley.
“No mostraron voluntad para construir consensos. Por el contrario, en su afán de darle gusto al Presidente, están mandado al diablo a las instituciones, pues hicieron a un lado la técnica jurídica, la práctica parlamentaria y el mínimo de sentido común”.
Con esta ley se eliminan algunos privilegios como la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva. Asimismo quedan eliminadas las pensiones de retiro a los expresidentes, distintas de aquellas que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
Además serán prohibidos los viajes al extranjero de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, salvo las correspondientes a las áreas de seguridad nacional e impartición de justicia.
Queda prohibido remodelar oficinas o comprar mobiliario de lujo, así como el derroche en energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.
Faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Púbica a emitir los lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.
Además, establece que ningún servidor público podrá disponer de seguridad personal de miembros de alguna corporación policiaca, en el ejercicio de sus funciones, salvo en los casos en la normativa que regule su actividad.