Todo se pudo haber evitado.
Lucila Ayala de Moreschi, la abogada que se defendió sola, dio una bofetada con guante blanco al Gobierno del estado, pero en especial al equipo de abogados de Gonzalo Gómez Flores. La protección de un juez federal en materia administrativa para la hoy magistrada, fue mensaje para el secretario General de Gobierno, principal responsable de los asuntos jurídicos-legales del gobierno de Sinaloa, y hoy responsable del destino de casi dos millones de pesos de recursos públicos, para un uso diferente para lo que fueron etiquetados.
Un juez ordenó al Gobierno pagar dos años y una quincena de sueldo a la abogada, ello sin trabajar. Recurso que se ha terminado pagando.
La ineficiencia y mala asesoría del funcionario al gobernador Quirino, le costó a los sinaloenses dos millones de pesos. Dos millones que pudieron haber sido invertidos en becas para niños, apoyos al transporte, una calle nueva, el mejoramiento a aulas o parques, etcétera.
El ahínco por hacer las cosas a su manera de Gómez Flores, concluyó en la reparación del daño a la hoy magistrada de Sala Superior, quien luchó y fue protegida por la justicia federal ante una necedad, en su tiempo, del secretario General de Gobierno, de negarle el derecho a la ratificación. Lo cierto es que se le pagó una cantidad similar a Héctor Samuel Torres Ulloa por concepto de salario, quien estuvo detentando el cargo de magistrado al mismo tiempo en el que se le negó a Ayala.
Los culpables tienen nombre y apellido. Simón Rafael Betancourt Gómez, entonces secretario general de la 62 Legislatura, fue también responsable de la mala asesoría que dio en su tiempo a los diputados locales. Es otro de los responsables del pago millonario, por cierto actualmente titular de la Consejería Jurídica del Gobierno.
Querido lector, de ese nivel son los abogados que asesoran al gobierno. Si tuvieran que pagar ese recurso perdido Gómez Flores y Betancourt Gómez, les tocaría de un millón a cada uno. Por cierto, tío y sobrino. Así las cosas.
Llegó el final.
Esta mañana será la llamada audiencia de fallo. A la jueza Sara Bruna Quiñonez Estrada, quien lleva el caso contra el secretario Técnico de la Secretaría de Turismo, Luis Ángel Pineda Ochoa, se la acabó el plazo para dictar un veredicto. La moneda está en el aire, pero por conocedores del derecho, ven complicado que el mochitense salga bien librado, a pesar de que contrató a muy buenos abogados para su defensa. En la recta final, a la Fiscalía del estado se le ocurrió acusarlo también por peculado, al haber presentado elementos como estados de cuenta de indican que LAPO habría orquestado los depósitos de varios cheques a varios de sus familiares.
Lo cierto es que la jueza tendrá que valorar todos los alegatos y señalamientos de violación a los derechos del procesado.
Mientras tanto, hoy se sabrá la decisión de la autoridad jurisdiccional sobre el primer expediente que fue iniciado contra un funcionario de la administración malovista.
Ya se podría esperar sentencia condenatoria, razón por la cual la defensa ahora prepara otra batalla ante las autoridades federales.
Lucha por el poder político.
La lucha por la dirigencia estatal del PAN en Sinaloa inició, en la cual se presume que Sebastián Zamudio Guzmán tiene las manos metidas para favorecer a Adolfo Rojo Montoya.
Lo cierto es que hoy la militancia del blanquiazul está dividida. Se puede escuchar en las pláticas de café y de pasillos, las inconformidades sobre las cargadas que hay al interior. Por una parte está el grupo que buscan sacar al partido del conformismo, mientras que el otro, a decir de Juan Carlos Estrada Vega, quien está en la contienda por la dirigencia, busca seguir con la administración de migajas.
La moneda tanto para Estrada Vega como para Rojo Montoya está en el aire, y la decisión se tomará el próximo 28 de julio. Veremos si los panistas se logran poner de acuerdo.
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