De concretarse los pronósticos de que la lucha de facciones al seno del crimen organizado en Sinaloa, su conclusión dependerá del exterminio del contrario, es de suponer entonces que esta batalla será prolongada y que sus consecuencias, para la sociedad Sinaloense en su economía, prosperidad y tranquilidad, serán funestas, como ya muestran las evidencias en las cuatro semanas que lleva en Culiacán, con más de 10 mil millones de pesos en perdidas económicas, más de cien vidas, más de cien desapariciones y casi 500 vehículos despojados.
No hay en Culiacán un sector de la economía que no esté afectando, pero sin duda, es el caso del de los servicios, el que peores consecuencias ha sufrido y donde se reflejan las mayores pérdidas, muy por encima de los sectores agropecuarios e industrial, sector servicios en el que se calcula casi el 90 por ciento de las pérdidas sufridas por la economía culichi y lo peor, dicha situación tiende a empeorar.
Y cuando se visualiza que la confrontación tiende a abrazar el sur de Sinaloa, a envolver el puerto de Mazatlán, la región económica más boyante de la ultima década, donde se ha concentrado la mayor parte de la inversión pública y privada realizada en Sinaloa, cuestión que ha convertido al puerto y la región, en la zona más pujante y con mayor perspectiva económica que al invadirla la violencia como la amenaza le puede ocurrir una catástrofe.
Si, una catástrofe que frene el boom turístico, la expansión de la mancha urbana, la instalación de nuevas empresas, que no permita elevar los servicios turísticos y frenar la industria de la construcción, representaría un severo golpe a Sinaloa, que aunado a lo que ya ocurre en Culiacán, puede llevar a una crisis económica que provoque el cierre de miles de empresas, pérdidas mayúsculas de empleos y por consecuencia, una crisis social de dimensiones pandémicas.
Y si eso llega a ocurrir, ya el resto de Sinaloa será presa más fácil de contaminarse y ser víctima también de ese desastre que se está fraguando.
Por eso, es muy adecuado y pertinente la medida de amortiguamiento a la violencia y la inseguridad, que pretende garantizar el tránsito, el libre flujo de personas, mercancías, todo esto con los dispositivos de las brigadas integradas por todos los cuerpos de seguridad y equipos de auxilio táctico que ha dispuesto el gobierno estatal junto con los mandos militares sumados a ellos, estos servicios de emergencia, que existen en todas las guerras, y que se supone deben ser reconocidos y respetados por todos los bandos en conflicto, que implica también frenar las acciones de terror que se sobredimensionan en ocasiones para provocar el pánico colectivo, lo que obliga a los mandos del gobierno dar información veraz, oportuna y constante.
Vivir en Culiacán la tormenta de violencia que se ha dado en las últimas cuatro semanas son un infierno y un daño material y moral muy duro y es de imperiosa necesidad ponerle fin por parte de la autoridad antes que se desborde aún más y si a ello se agrega que el conflicto también estalle en Mazatlán, ya estaremos hablando de algo muchísimo peor, de mucho mayor impacto, consecuencias que al mismo tiempo elevan lo que ya ocurre en Culiacán.
Pensar en algo así ya es como para declarar en emergencia al estado de Sinaloa y tener que asumir que se está ante un riesgo mayúsculo y de mucho mayor descontrol que el que se vive en nuestra ciudad capital.
