En su investidura como Presidente de México, el discurso de López Obrador puso en el centro de la ecuación política, económica y social los dos términos más trascendentes con los que dio inicio a su posicionamiento: corrupción e impunidad es igual a Modelo Neoliberal.
Esa identidad no tan solo fue pieza clave en la que puso mayor énfasis en el arranque de su oratoria, sino que sirvió para confirmarnos que acabar con la corrupción e impunidad serán la esencia de su plan nacional de desarrollo; el cual, desde luego, será incompatible con las políticas de orden neoliberal.
En enero de 2017, un grupo amplio de especialistas de diversos sectores fue convocado por López Obrador, otrora presidente nacional de MORENA; como resultado de las reuniones de ese grupo, se concretó el Proyecto de Nación 2018-2024.
Los lineamientos generales de ese proyecto, tienen como punto de partida el tema de legalidad y erradicación de la corrupción; entre sus argumentos se destaca que el saqueo sistemático de los presupuestos públicos por parte de un pequeño grupo no solo significa la desviación de recursos que deben ser empleados en reactivar la economía, ensanchar la infraestructura, generar empleos, combatir la pobreza y mejorar los niveles educativos y de salud, sino que es también un ejemplo negativo de los gobernantes a los gobernados a partir del cual se generan redes de intereses inconfesables, que acaban vinculando a la delincuencia de cuello blanco con la criminalidad organizada. La corrupción incrementa la desigualdad, la violencia, la desintegración, la decadencia moral y, en última instancia, el mal desempeño económico del país.
Concibe la corrupción como una desviación de los gobernantes que puede y debe ser erradicada, y no como un asunto de orden cultural o forma de ser de los mexicanos que debe conducirnos hacia la resignación.
El flagelo de la corrupción presenta, según el Proyecto de Nación, distintas vertientes:
Primera. Es la corrupción materializada en el robo directo a las arcas públicas o en los sobornos para favorecer a determinados agentes económicos en la asignación de obra pública y en las licitaciones de compras públicas.
Se asiste a un fenómeno de irritación y frustración social ante sonados casos de rapiña y saqueo al erario por parte de altos funcionarios públicos y/o de su colusión con reconocidas firmas nacionales e internacionales.
Segunda. La corrupción se da cuando las autoridades, en todos los niveles de gobierno, fomentan la sobrerregulación de las actividades públicas más simples, lo que lleva a que los mexicanos tengan que recurrir al soborno para agilizar sus trámites.
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2017, más de la mitad de los mexicanos admite que ha sobornado a autoridades, en el último año, para acceder a servicios públicos básicos.
Tercera. La corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía.
El costo social y económico de la corrupción se estima en: 2% del PIB según el Foro Económico Mundial; 9% de acuerdo con el Banco de México, Banco Mundial y Forbes; y 10% según cálculos del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
En este sentido, las políticas anticorrupción en los planos nacional y local habrán de constituirse, junto con el crecimiento económico, el bienestar social y la seguridad nacional, en los referentes obligados de la nueva matriz estratégica para el desarrollo de nuestro país. Estemos atentos.
