La crisis de desapariciones en México, que acumula más de 133 mil personas no localizadas y una impunidad del 99.6 por ciento, llevó a Amnistía Internacional a exigir al gobierno federal declarar una emergencia nacional. En una carta dirigida al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, la organización respaldó la activación del Artículo 34 de la Convención Internacional, un mecanismo excepcional reservado para situaciones de gravedad extrema.
Amnistía Internacional documentó que desde 2006 se han registrado 118 mil 207 desapariciones, equivalentes al 89 por ciento del total actual. La crisis también se refleja en el hallazgo de 5 mil 696 fosas clandestinas y la existencia de 2 mil 341 colectivos de familiares que buscan a sus seres queridos.
La organización cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado y advirtió que existen múltiples casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, así como otros donde servidores públicos participan directamente. Señaló que recientes cambios institucionales podrían debilitar el acceso a la justicia y a la información pública, en un contexto de impunidad casi absoluta.
El respaldo al Comité de la ONU
El pasado 2 de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó por primera vez el Artículo 34 para México, solicitando al secretario general de Naciones Unidas que remita la situación a la Asamblea General. El Comité concluyó que existen “indicios bien fundados” de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional calificó esta decisión como un “hito histórico”, al considerar que abre un canal de diálogo directo y formal con el Estado mexicano frente a una crisis que, señala, ha sido minimizada.
Las exigencias de Amnistía Internacional
Entre sus principales peticiones, la organización planteó:
- Declarar la crisis como emergencia nacional con metas verificables y resultados medibles.
- Reconocer y proteger a los colectivos de búsqueda y a las familias.
- Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia y las investigaciones forenses.
Amnistía también denunció la situación de riesgo que enfrentan las mujeres buscadoras, quienes han sido víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos durante su labor, y reiteró que la impunidad es el principal factor que perpetúa la crisis.
La activación del artículo 34 por parte del Comité de la ONU no es una sanción, sino un llamado de máxima alerta para abordar una crisis humanitaria que el Estado no ha podido resolver por sí solo. Este mecanismo implica que el caso se eleva a la máxima instancia de la ONU y se activa una supervisión internacional intensificada para forzar una solución. Lejos de ser una «intervención extranjera» en el sentido tradicional, representa una herramienta para combatir la impunidad que, para muchos, es la única esperanza para encontrar justicia y verdad.
¿Qué es el Artículo 34 y qué implica su activación?
El Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es un procedimiento extraordinario y de carácter preventivo que se activa como último recurso. Su función no es emitir un juicio, sino encender una «alarma global» ante una crisis que el Estado afectado ya no puede manejar por sí solo.
Su activación significa que el Comité de la ONU considera que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el país. Esto permite al Comité llevar el asunto con carácter urgente ante la Asamblea General de la ONU. El objetivo primordial es facilitar una cooperación y un apoyo oportunos para que el Estado Parte pueda enfrentar y erradicar el problema. En esencia, es un mecanismo para presionar al Estado para que tome medidas efectivas, pero no con el poder de una sanción vinculante, sino a través de la presión diplomática y la exposición internacional.
¿Qué implica esto para México y es una intervención extranjera?
La activación del Artículo 34 es un paso histórico para México, que es actualmente el Estado Parte con el mayor número de acciones urgentes por desaparición forzada en el mundo.
- Escrutinio internacional máximo: El caso se eleva a la Asamblea General de la ONU, el foro político más importante del mundo, lo que aumenta la presión diplomática sobre México para que rinda cuentas y demuestre avances.
- Asistencia técnica y acompañamiento: La ONU puede solicitar toda la información disponible, brindar cooperación técnica y ofrecer apoyo financiero para fortalecer las capacidades forenses y de investigación del Estado mexicano.
- Protección a víctimas y buscadoras: Busca asistir y proteger a las familias buscadoras, así como a las organizaciones y defensores que las apoyan, quienes enfrentan un alto riesgo.
- Investigación de complicidades: Pretende realizar análisis forenses e investigar la vinculación entre servidores públicos y el crimen organizado, algo que el Estado no ha logrado esclarecer por sí mismo.
- Un llamado a la acción: Se trata de una solicitud a la Asamblea General para que examine la situación, lo que puede derivar en recomendaciones, declaraciones o, en el extremo, medidas para llamar la atención de la comunidad internacional sobre la gravedad del caso.
¿Cuál fue la respuesta del gobierno de México?
El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó la decisión de la ONU y acusó al informe de ser «tendencioso», argumentando que omitió los avances en la materia, particularmente a partir de 2019 y durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en 2025. La postura oficial del estado mexicano afirma que «México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas».
Si deseas profundizar en algún aspecto específico de este procedimiento, como las posibles medidas que podría adoptar la Asamblea General o el papel de los colectivos de búsqueda, no dudes en indicármelo.
