Ser empresario en la vida no es una tarea fácil; más bien, se trata de uno de los retos más complejos y riesgosos en el ámbito económico y político. La realidad así lo demuestra: más del 90% de las empresas que se crean mueren antes de cumplir tres años. Esta complejidad se agrava aún más cuando la creación y el sostenimiento empresarial no se fundamentan en principios de transparencia, legalidad y honradez. Un caso emblemático que ejemplifica esta situación es la reciente reactivación del ingenio azucarero El Dorado, ubicado en Sinaloa, cuya historia refleja no solo las dificultades inherentes a la actividad empresarial, sino también las consecuencias de decisiones políticas cuestionables.
El ingenio El Dorado fue clausurado hace casi dos décadas debido a su obsolescencia tecnológica, falta de competitividad e ineficiencia en un mercado dominado por la fructosa derivada del maíz.
Este producto revolucionó las industrias refresquera y de alcoholes industriales, desplazando al azúcar de caña, tradicionalmente producida en la región. El cierre del ingenio El Dorado fue el último episodio de una serie de quiebras que afectaron a los ingenios de Mochis y Navolato, poniendo fin a más de cien años de esfuerzo industrial y contribución económica regional. Estas fábricas, manejadas durante cierto tiempo por el gobierno mexicano, sucumbieron no solamente ante la evolución tecnológica sino también debido a largas administraciones corruptas y procesos de remate y liquidación rodeados de irregularidades, algunas de las cuales persisten hasta hoy, como en el caso de Mochis.
La compra y la deuda millonaria.
En este contexto sombrío, el diputado local Serapio Vargas anunció en 2024 un ambicioso proyecto para reabrir el ingenio El Dorado, buscando capitales para tal efecto, con planes de iniciar operaciones en 2025. Sin embargo, tras concluir la zafra 2025-2026, la situación revela una triste realidad: ni los productores de caña —que suman alrededor de 250—, ni los 213 obreros permanentes de la sección 14 del Sindicato Nacional, ni cerca de 500 trabajadores eventuales han recibido pago alguno.
Tampoco los proveedores han sido saldados; entre ellos destaca Juan Cortina, un acreedor peculiar en esta trama. Frente a esta omisión, los afectados han decidido emprender acciones legales para que el diputado Vargas cumpla sus responsabilidades, incluso llevando su caso ante el Congreso de Sinaloa, denunciando violaciones flagrantes a derechos laborales y un patrón recurrente de engaños.
La denuncia.
Este episodio trasciende el ámbito meramente económico, pues se articula con el ascenso político del propio Serapio Vargas, quien desde hace ocho años ocupa una diputación local y ahora aspira a la presidencia municipal de Culiacán con el apoyo explícito de figuras como Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
Tal poder político genera una preocupación profunda: ¿quedarán en la impunidad estos abusos contra quienes son la base productiva y social del ingenio? La respuesta a esta pregunta es fundamental, porque detrás de estos hechos están las familias de Sinaloa, que han invertido décadas de trabajo y esperanzas, ahora defraudadas por lo que sólo puede calificarse como una falsa ilusión.
Esta “falsa ilusión” no es casual. Serapio Vargas es una persona con conocimientos e inteligencia, capaz de comprender la realidad industrial y ambiental en la que se inscribe El Dorado. Desde hace años era evidente que el ingenio estaba tecnológicamente obsoleto y que la caña —un cultivo perenne y altamente demandante de agua en una región con grave escasez hídrica— enfrentaba una competencia prácticamente insuperable por parte de la fructuosa de maíz. La inversión necesaria para reactivar la fábrica superaba con creces lo razonable, y el análisis de mercado ya señalaba la inviabilidad absoluta de competir exitosamente en un escenario dominado por nuevas tecnologías y productos derivados del maíz, como el etanol. Por todo ello, el destino de esta empresa estaba marcado por el fracaso desde su renacimiento, que no fue otra cosa que una apuesta política disfrazada de desarrollo económico.
Desde este espacio, sostuvimos que nunca prosperaría la reapertura del ingenio, mucho menos lograría insertarse en un mercado tan dinámico y competitivo. Es indispensable, por tanto, que las autoridades laborales, económicas y judiciales actúen con prontitud y responsabilidad para atender las demandas legítimas de los trabajadores y productores afectados. La fachada política no debe ser un escudo para la impunidad. En el complejo entramado político y económico que envuelve a El Dorado, definitivamente algo huele mal en Dinamarca, y es urgente limpiar esa podredumbre para honrar el esfuerzo y la dignidad de quienes hacen posible la producción en esta región.
