El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió durante su campaña electoral, que el Ejército y la Marina regresarían a sus cuarteles. Durante los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, se utilizó a las fuerzas armadas para combatir al crimen organizado y las situaciones de violencia que se presentaron en diversas regiones del país, dejando como saldo cerca de 125 mil muertos. La realidad política se impuso y los planes trazados en campaña, con respecto al Ejército, variaron y hoy vemos que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, presentó el pasado 20 de noviembre, una iniciativa de reforma y adiciones a 13 artículos constitucionales, para dar definir y establecer los alcances, a una figura ya prevista en las Constituciones de 1857 y de 1917, como lo es la Guardia Nacional.
La iniciativa de reforma constitucional con la que se busca crear la Guardia Nacional habilita “la intervención de los soldados y marinos que la conformen en tareas de seguridad pública, algo que hasta ahora solo era competencia constitucionalmente de las autoridades civiles”, y los faculta para hacer detenciones en “flagrancia”, como lo haría un policía preventivo. Además convierte a los militares adscritos a la Guardia Nacional en “auxiliares del Ministerio Público Federal”, lo que significa que podría encomendárseles la ejecución de “órdenes de aprehensión, de cateo, o de cualquier índole” que obtengan los fiscales federales.
En la exposición de motivos de la iniciativa se lee que los integrantes de la “guardia nacional, provendrán de las policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal”, y adicionalmente se convocará a civiles y a elementos de tropa para que se integren a la formación de nuevos elementos, los cuales recibirán formación y adiestramiento en planteles militares, de acuerdo con un plan de estudios elaborado en forma conjunta por las Secretarías de Defensa Nacional, Marina, Gobernación y Seguridad Ciudadana; adicionalmente se invitará a participar en ese proceso a la “Fiscalía General y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, con pleno respeto a la autonomía de ambas instituciones. A la capacitación teórica y práctica y al entrenamiento físico castrense se agregará una formación académica y práctica en procedimientos policiales, derecho penal, derechos humanos, perspectiva de género, primeros auxilios, protección civil y otros conocimientos necesarios para el buen desempeño de los elementos.
Se propone crear la Guardia Nacional como una institución del Estado, cuya función sea la de participar en “la salvaguarda de los derechos de las personas y sus bienes, preservar el orden y la paz públicas, así como los bienes y recursos de la Nación”. Esta institución “se constituirá con los elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval”. Sin embargo, tendrán su propio régimen que preverá requisitos de acceso, permanencia, ascenso y capacitación en materia de uso de la fuerza y respeto a los derechos humanos.
Es importante decir que “si bien, la Guardia Nacional nace como una institución adscrita al mando castrense, es importante destacar que los planes, programas y acciones que darán sustento al despliegue de sus tareas correrá a cargo de la autoridad civil”. Y los esquemas de profesionalización, adiestramiento y certificación se realizarán sobre la base de una formación policial. Todo ello, en estricta observancia de las disposiciones que emita el Congreso General, en la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, en materia de organización, adscripción, armamento, disciplina y uso de la fuerza. La iniciativa prevé que se establecerá una coordinación de la Guardia Nacional, con las instituciones de seguridad y de procuración de justicia de las entidades federativas y los municipios. Este aspecto es muy importante, pues en la práctica el Instituto Armado lleva la conducción de los operativos conjuntos que se realizan con las policías estatales y municipales.
La Guardia Nacional estará sujeta a una evaluación y según lo establece uno de los artículos transitorios del proyecto de decreto, será evaluada por el Ejecutivo Federal y el Poder legislativo, la política instrumentada en la materia, transcurrido el plazo de 3 años a partir de su implementación. Para estar acorde con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, se dispone en el artículo 5to. Transitorio del decreto, que los miembros de la policía militar y naval adscritos a la Guardia Nacional, “quedan exceptuados de la prohibición” a que se refiere el artículo 129 de la carta magna. Un grupo de 500 intelectuales, empresarios, activistas y organizaciones sociales, expresaron “su rechazo a la creación de la Guardia Nacional” como propone el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, pues calificaron la iniciativa como “una falsa salida a la crisis de inseguridad por la que atraviesa el país”. Y “menos promover una reforma constitucional con ese propósito”.
También Amnistía Internacional, le pidió al presidente electo, que abandone los planes para la creación de la Guardia Nacional. En una entrevista con Carmen Aristegui, López Obrador se comprometió someter a consulta popular, la creación de la Guardia Nacional, misma que sería organizada por el INE. En otra entrevista concedida a la periodista Azucena Uresti de Milenio TV, López Obrador, dio a conocer que la consulta se llevaría a cabo el 21 de marzo de 2019. Si los planes siguen adelante, Morena al contar con mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión y en 21 congresos estatales, seguramente sacarán adelante las reformas constitucionales, aún con el rechazo de las bancadas del PRI y del PAN.
Esperemos que con el diseño de la Guardia Nacional, se obtenga la mayoría calificada en ambas cámaras y cuya operatividad sea transitoria, para que pueda resolverse el problema de la inseguridad y la violencia que ha golpeado a México y que contribuya a la gobernabilidad de este país, con pleno respeto al Estado de Derecho y a las garantías individuales.
