Culiacán, Sinaloa.- En el último bimestre de 2019, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) resolvió 144 recursos de revisión, todos a favor de las y los ciudadanos; la mayoría, por votación unánime del pleno del órgano garante de la transparencia en Sinaloa.
El presidente de la CEAIP, José Alfredo Beltrán Estrada, destacó que en las resoluciones sometidas a votación por él y las comisionadas Rosy Lizárraga Félix y Ana Martha Ibarra López Portillo, se ha privilegiado la máxima apertura, a favor de solicitantes de información pública.
En las ocho sesiones que ha encabezado Beltrán Estrada, el órgano colegiado aprobó también un total de 213 acuerdos de cumplimiento de resoluciones hacia diferentes entidades públicas.
De acuerdo a un comunicado, la Ceaip precisó que durante todo el 2019 se presentaron 1 mil 077 recursos de revisión, es decir, quejas de usuarios inconformes con las respuestas otorgadas por los sujetos obligados de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.
A lo largo de las 48 sesiones desarrolladas el año pasado por este órgano constitucional autónomo, se resolvieron 749 recursos de revisión y se registraron 1077.
Casi 20 mil solicitudes en un año.
Asimismo, el año que recién culminó se contabilizaron 18 mil 301 solicitudes de información presentadas ante instituciones estatales, municipales, partidos políticos, sindicatos, universidades que reciben recursos públicos y demás sujetos obligados.
Beltrán Estrada consideró que el creciente número de solicitudes es un indicador de que cada día la población está más preocupada por saber qué hacen en las dependencias con el recurso público obtenido a través de los impuestos que pagan los sinaloenses.
“Hoy en día y a través de este derecho humano de pedir información pública, los ciudadanos vigilan más las decisiones de los gobiernos que nos representan”, aseveró.
El presidente de la Ceaip anticipó que este 2020 se tienen previstos nuevos proyectos institucionales, como llevar el acceso a la información pública a comunidades alejadas y grupos socialmente vulnerables, con la finalidad de que las personas sepan que existe este derecho y lo usen como una herramienta para mejorar su calidad de vida.
