Ya lo había externado Andrés Manuel López Obrador, en una de sus visitas a Sinaloa, sobre los acuerdos de Malova con Hipólito Gerard Rivero, excuñado de Carlos Salinas de Gortari y Olegario Vázquez Raña, dueño de la cadena de hospitales “Ángeles”, en el tema de la construcción de dos hospitales. Uno en Mazatlán y otro en Culiacán. En la conferencia colectiva, el entonces, presidente del Consejo Nacional de MORENA, aseguró que se “cobrarían más de 6 mil 500 millones de pesos por la edificación de los dos hospitales, porque el de Mazatlán estaba considerado en 3 mil millones de pesos y el de Culiacán en 3 mil 500 millones de pesos, y si lo aprueban los legisladores empleados de la mafia del poder, será un vil robo”.
Era enero de 2015, y desde la plaza pública, López Obrador, al conceder una entrevista en el puerto de Mazatlán, calificó como un corrupto al entonces gobernador de la entidad, Mario López Valdez. “Malova es un cínico, ambicioso, vulgar, corrupto que engañó a la gente desde su campaña y lo advirtió desde hace tiempo”. Afortunadamente, el Congreso del Estado, liderado por el entonces diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, no autorizó los empréstitos solicitados por Malova y el fraude a las arcas públicas y al pueblo de Sinaloa, no se consumó.
Al asumir el nuevo gobierno, Quirino Ordáz Coppel, ordenó a la Secretaría de Transparencia y a la de Administración y Finanzas que realizaran auditorías a la gestión de Malova, encontrándose fuertes irreguralidades en las Secretarías de Salud, Obras Públicas y en Administración y Finanzas.
Luego vendrían las consignaciones y se giraron órdenes de aprehensión contra varios de los exfuncionarios de Malova. Quien sorprendió a la opinión pública fue el exsecretario de Salud, Ernesto Echeverría Aispuro, quien propuso ante el juez de la causa, el pagar siete millones de los 14 millones por los que fue cosignado. Aceptó su responsabilidad en el desvío de 14 millones 775 mil pesos de los Servicios de Salud y logró que el juez aceptara pagar en tres plazos, 7 millones de pesos para evitar la prisión. A su vez, la Fiscalía Anticorrupción solicitó en julio de 2018, a un juez de Control y Enjuiciamiento, una suspensión condicional del proceso, figura jurídica que permitió evitar la cárcel siempre y cuando se cumplieran las medidas de reparación.
Con el ejemplo del caso del “dr. Echeverría”, el exsecretario de Administración y Finanzas, del Gobierno del Estado, Armando Villarreal Ibarra y dos excolaboradores, “propusieron al Gobierno del Estado pagar una multa de 2 millones de pesos para reparar el daño ocasionado por el desvío de casi 260 millones de pesos, y aunque el Gobierno estatal aceptó, una Juez de control les negó tal propuesta para suspender el proceso penal”. El Gobierno estatal, a través del Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores; el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, y la Fiscal Anticorrupción, Reyna Angulo, había aceptado el acuerdo con el que sólo se cubría un 7 por ciento del desvío, pero la Jueza Sara Bruna Quiñónez Estrada, consideró “inmoral” un trato de este tipo.
La audiencia fue realizada el pasado miércoles 29 de enero, en el Centro de Justicia Culiacán. Además del ex secretario de Administración y Finanzas Armando Villarreal Ibarra, acudieron el ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix; y el ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez, acompañados por sus abogados defensores. Ismael Carreón Ruelas, quien se presentó como apoderado legal de Gobierno del Estado, dijo estar de acuerdo con las propuestas. Pero “la Jueza negó la suspensión del proceso, pese a la protesta de los abogados defensores, debido a que la pena de los delitos cometidos sí superan la media de 5 años de prisión”.
“¿Por qué está disparidad? Presentan denuncia por 300 millones de pesos y aquí vienen con que va quedar en 2 millones. Es una parte ínfima respecto al daño, ¿qué pasó con los otros millones?”, preguntó la Jueza Sara Bruna Quiñónez. La juzgadora programó una nueva fecha para el próximo 7 de febrero a las 13:00 horas, en donde se deberá preguntar por escrito la justificación, por parte de la Fiscal Anticorrupción, de haber aceptado el trato, ya que le parecía un trato “inmoral”.
El juicio por su resonancia ya adquirió dimensiones de orden nacional, pues el día de hoy el influyente periódico Reforma, cabeceó “Frustra Jueza, transa entre Quirino y Malova”. “No me parece moral autorizarlo”, dijo la jueza en la audiencia. “Para mi estos delitos son inéditos y no me había tocado uno así. Si ya habían sucedido otros casos y habían pasado con estos acuerdos, considero que no está bien. No se puede tratar millones, como si fueran centavos”.
Que bueno que existan funcionarios judiciales como la jueza Sara Bruna Quiñónez, pues ello brinda confianza en la administración de justicia y es además una llamada de atención a los funcionarios de Quirino, para que en los acuerdos que se tomen para la reparación del daño, persista el interés de la sociedad.
Que se siga el juicio y que la juzgadora no vaya a ser sometida a presiones del Supremo Tribunal de Justicia, para que si como afirmara el gobernador, no hay daño a la hacienda pública, si se castigue con severidad, el comportamiento anormal de estos funcionarios sujetos a proceso penal.
