La confrontación entre los poderes de la unión, especialmente el Legislativo y el Ejecutivo contra el Poder Judicial, se deriva de la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos. En efecto, desde el pasado 6 de noviembre, ante el Poder Judicial de la Federación, más de cinco mil funcionarios, han presentado mil 275 demandas de amparo, contra la Ley Federal de Remuneraciones para Servidores Públicos, que obliga a que ningún servidor público, gane más que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. La batalla jurídica está sustentada en el amparo modelo, el cual fue elaborado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, con el que están dispuestos a enfrentar leyes e iniciativas de reformas legales y constitucionales por parte del Congreso de la Unión, con una mayoría parlamentaria de Morena.
Juan Pablo Castañón, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial, “urgió a un diálogo entre el jefe del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Judicial, porque sería muy peligroso que en el país se llegara a una polarización entre ambas autoridades”. El vocero de Morena en el Senado, dijo que “sí hay polarización de poderes, no lo vamos a negar’’, pero no se puede permitir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sigan ganando mucho dinero”. Los ministros, en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018 se estableció la remuneración nominal anual de 6 millones 938 mil pesos para cada uno. El ministro instructor Alberto Pérez Dayán, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad y se ordenó la suspensión de la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. Ello provocó la airada respuesta de los senadores Martí Batres y de Ricardo Monreal, quienes expresaron que el ministro se había excedido en sus facultades.
En sus conferencias de prensa mañaneras, el presidente López Obrador, afirmó que los salarios de los ministros eran “ofensivos” . “No tengo la menor duda de que son los servidores públicos mejor pagados del mundo; solamente Donald Trump gana más que el presidente, con todo respeto, de la Suprema Corte, entonces, nosotros vamos a respetar las decisiones que se tomen en el Poder Judicial, pero no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre, se me hace una injusticia que existan esos sueldos, habiendo tanta gente con pobreza en el país.” El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y aspirante a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, llamó a no caer en “provocaciones” y dijo que “es necesario demostrar que la judicatura mexicana sabe responder con dignidad a las exigencias sociales, por lo que es necesario apelar a la sabiduría judicial que dicta responder a cualquier crítica con más y mejores sentencias, que ordena cordura para evitar caer en la tentación de hacer política con nuestros pronunciamientos, y que obliga a los juzgadores a ser prudentes”.
En medio de esa confrontación, el Senado de la República, con una actitud de revanchismo político, votó un punto de acuerdo, en el que solicita a la Procuraduría General de la República, el envío de un informe pormenorizado sobre las investigaciones que realiza dicha dependencia, respecto a presuntos actos de corrupción, algunos vinculados con la delincuencia organizada, cometidos por jueces y magistrados. El punto de acuerdo, publicado en la Gaceta Parlamentaria y firmado por el senador, Ricardo Monreal Ávila, plantea que esa dependencia envíe un informe detallado sobre el resultado de la persecución de casos de corrupción en el Poder Judicial Federal, incluyendo el número de procesos y sentencias condenatorias. Luego vendría un breve comunicado del Gobierno Federal, en el que se dio a conocer que el Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal en representación de Andrés Manuel López Obrador, interpuso un recurso de reclamación contra la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Con mayor cordura política, los diputados de Morena encabezados por su coordinador en San Lázaro, Mario Delgado, sostuvieron una reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que acordaron que será el Poder Judicial de la Federación, el que defina el monto de salarios y que la reducción sólo aplicará para futuros nuevos integrantes. Durante la reunión, convocada por el ministro presidente de la Corte, Luis María Aguilar, acordaron que «son ellos los que fijan y definen su salario; la Corte, en su proyecto de presupuesto para el 2019 del Poder Judicial, que presentaron al Ejecutivo tiene un recorte de 5 mil millones de pesos». Todavía con motivo del último informe de labores, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Luis María Aguilar, hizo una férrea defensa de la independencia y claro proceder autonómico del Poder Judicial, basado en la teoría de la División de Poderes. Presente en el salón de plenos, el presidente López Obrador, quien optó por no quedarse a la comida tradicional con los ministros, como era la costumbre de los mandatarios que acudían al informe en administraciones pasadas.
El presidente de la Corte, Luis Maria Aguilar, dijo que la “Constitución es la hoja de ruta de la Nación, el pacto duradero de nuestra vida institucional y el soporte de la convivencia social y como norma suprema, a ella debe ajustarse y someterse todo acto que se genere dentro de su ámbito de aplicación”. De igual forma, es “necesario ratificar, día con día, nuestra convicción para que, al amparo de la supremacía constitucional, consolidemos el país de justicia y libertad que el pueblo exige y merece”. Por ello, debemos tener en cuenta el texto del artículo 94 de la Constitución Federal, que establece que “la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”. Con la constitución en la mano, los ministros habrán de resolver la controversia constitucional y deberán declarar inconstitucional la Ley de remuneraciones de los Servidores Públicos, defendiendo la autonomía del Poder Judicial, evitando interferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
