A raíz de las decisiones del gobierno amlovista de suspender la producción de electricidad eólica y solar, una burda maniobra porque tienen que pagar una electricidad que no tienen ahora a quién vender, ni cómo almacenar, de donde desprende la existencia de un plan de “desmantelamiento” de CFE y “dañar” a los consumidores, terminando por enjuiciar la reforma energética del 2013 como un plan para saquear al país.
Cuando se escuchan estos discursos “panfletarios” que pretenden encubrir la realidad de la industria petroquímica y eléctrica del país al cancelar la producción de electricidad eólica y solar, es un desatino que muestra que desconocen el proceso que ha vivido la industria en las últimas dos décadas por lo menos.
El rezago de nuestra industria energética que ya tenía más de 20 años en discusión hasta plasmarse en la reforma del 2013, abrió a PEMEX y CFE a la competencia e interacción legal del capital privado en ellas, en la idea de recuperar su eficacia, rentabilidad y viabilidad estratégica para el país.
Está claro que la CFE, desde los año noventa, dejó de construir hidroeléctricas concluyendo en este periodo con las presas “Aguamilpa” en Nayarit y “Huites” en Sinaloa. Las termoeléctricas se convirtieron en “chatarras” industriales y de altísima contaminación, en el marco de un déficit creciente de electricidad en el país y asumiendo compromisos internacionales de protección al medio ambiente como el protocolo de Kioto del 2005, ratificado el 2015 y firmado por México, obligando a CFE a modernizar sus plantas termoeléctricas, que en lugar de funcionar con combustóleo se convirtieran en plantas de gas, mucho menos contaminante y más barata.
Esta reforma conllevó a la construcción de plantas productoras de electricidad, bajo el esquema de que las particulares lo hicieran para el autoconsumo y que los excedentes se le venderían a CFE, surgiendo múltiples plantas de aglomerados industriales y comerciales que producen su propia electricidad, como el conocido caso del grupo COPPEL de Sinaloa, que tiene sus plantas de generación en “La Ventosa” Oaxaca, por citar un ejemplo, o los convenios que tiene este grupo con CFE en Culiacán para cubrir el déficit de suministro en el fraccionamiento “Valle Alto”, o la demanda que se producirá con el centro comercial “La Ceiba”, también en la capital de Sinaloa.
Lo que ocurrió a fines del 2019, cuando se le ocurrió a la dirección de CFE “cancelar” el contrato del gasoducto Texas – Quintana Roo “por leonino”, desconociendo la urgencia de la península de Yucatán de operar ese gasoducto para las plantas de CFE en la zona, terminaron por ampliar la concesión cinco años más a la empresa canadiense y concluir el gasoducto, cuestión que también ocurrirá con las 24 empresas eléctricas que fueron frenadas por el CENACE, como ya está ocurriendo con los amparos que les están otorgando los jueces.
Es evidente hoy en día, que las plantas nucleares para producir electricidad en nuestro país, están canceladas después de lo de “Agua Verde” en Veracruz. Las viejas plantas de CFE se están modernizando al gas. Sin embargo lo más adecuado es promover plantas generadoras de electricidad con el viento, la geotermia y el aire, abandonando en la medida de lo posible los combustibles altamente contaminantes, por lo que resulta absurda la posición del gobierno de la República sobre las empresas privadas.
Además de irracional, es ilegal y de pronóstico seguro de que las empresas ganarán los juicios, como ya ocurrió con la empresa canadiense constructora del gasoducto Texas – Quintana Roo. Los dineros que pierde CFE por la pandemia primero debieran negociarlo y en el peor de los casos asumir las pérdidas, pero no llegar a estos extremos.
