Cuando las problemáticas más urgentes de México, como son el Covid-19, la inseguridad y la crisis económica están en un punto álgido, el primer mandatario está enfocado en los puntos que él considera más importantes en su agenda populista y de distractores políticos: las elecciones del 2021.
El ejemplo es la rifa del avión presidencial (que no es rifa y la cual apunta para ser un fracaso pues no se vendieron los boletos y el gobierno tuvo que obligar a 100 empresarios afines a su gobierno a comprar tres millones de boletos, así mismo el propio gobierno tuvo que comprar millón y medio), así como el enjuiciamiento a los expresidentes. Aquí es donde uno se pregunta dónde están los 30 millones que votaron por él, que hoy no compran los boletos de su rifa y tampoco firman la petición del juzgamiento de expresidentes.
El enfoque del presupuesto de egresos apunta a un gasto en sus obras faraónicas, asignando solo un 15 por ciento para los estados y municipios y un 85 por ciento que él quiere manejar a su libre albedrio con la complicidad del Poder Legislativo (hoy con mayoría de MORENA en el Senado y la Cámara); y claro, el juicio a los que él califica de corruptos (periodistas, intelectuales, columnistas, empresarios, banqueros, partidos políticos -PRI, PAN, PRD-, Calderón, Salinas, etcétera). Dicho de otra manera, todos aquellos que hoy son oposición a su gobierno u opinan contrario a él, son señalados en su “mañanera”.
Aquí va otro análisis. En esta guerra mediática, el presidente exigió en su “mañanera” que todos aquellos videos que registraban actos de corrupción se hicieran llegar a Youtube para que el pueblo los viera; sin embargo, cuando se filtró a través del programa Latinus de Loret un video donde se ve la entrega de dinero a su hermano Pio López Obrador de parte de un operador del gobernador de Chiapas en 2015, entonces cambió.
AMLO tumbó el tema de Lozoya y la corrupción, desde la aparición de los videos de su hermano. Se apagó el tema de la lucha contra la corrupción y desapareció del discurso presidencial el tema Lozoya.
El último escandalo es el de su cuñada Concepción Falcón Montejo, esposa de su hermano Ramiro López Obrador, que era regidora de su natal Macuspana, Tabasco, quien es acusada por un desfalco de más de 200 millones de pesos, y que provocó la renuncia de 11 regidores. Esto molestó tanto al presidente que tachó al periódico Reforma -que fue el que lo publicó- como “pasquín inmundo”.
En este análisis, el último escándalo es Chihuahua y la presa la Boquilla. Se mezclan diversas problemáticas: primero, la amenaza al ciclo agrícola 2021, pues el gobierno de López Obrador y la 4T quieren pagar el Tratado de Agua de 1944 con Estados Unidos con el líquido vital, de una presa nacional que contiene el agua concesionada a los agricultores de Chihuahua. En 75 años, el tratado se había pagado con agua de presas internacionales y con escurrimientos –los cuales están en los arroyos y ríos hacia debajo de las presas- y con las demasías.
Este año, por instrucciones de Presidencia de la República se quiere pagar con el agua de presas nacionales como es La Boquilla.
Sin embargo, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tenía convenios con los agricultores. Hoy la justificación es que hay agua, y los agricultores han dicho hasta el cansancio que así es, hay agua pero es agua para el ciclo 2021 que inicia en marzo de ese año. Es decir, ellos ahorran su agua durante medio año para poder sembrar y producir, lo cual pareciera no importarle al gobierno federal.
Al no querer ceder los agricultores y emprender una defensa legítima del agua de la presa La Boquilla, el gobierno de López Obrador tomó este embalse con miembros del Ejército Nacional y de la Guardia Nacional, generando manifestaciones de los agricultores. En Delicias, por ejemplo, elementos de la Guardia Nacional agredieron a balazos a una pareja que había estado en una manifestación, pensando que pensaban quitarles unos detenidos en dicha manifestación, por lo cual accionaron sus armas y mataron a la esposa de un agricultor y él está gravemente herido en un hospital de Delicias, Chihuahua.
En el marco de estos terribles sucesos, el presidente y su gobierno acusan al gobernador de Chihuahua, a los alcaldes, diputados locales y federales de estar atrás de estos hechos.
Primero, el gobierno federal no debe de molestarse por la reacción de las autoridades de Chihuahua y de los legisladores, por el contrario, para eso fueron elegidos para defender a los chihuahuenses; malo sería que no lo hicieran. Segundo, que no entienden que si siguen adelante con el despojo de agua a los concesionarios los están condenando a un panorama catastrófico, también a sus familias y a los trabajadores que dependen de ellos. ¿Por qué atacar así a los generadores de riqueza?, cuando AMLO pregona el amor al prójimo.
Por lo tanto, queridos lectores, nosotros debemos de poner nuestras barbas a remojar como dice el dicho. ¿Qué sigue?, ¿quiénes siguen?, ¿cada vez que haya un problema con agricultores, ganaderos o grupos sociales, tendremos a la Guardia Nacional violentando a los grupos sociales o empresariales?, ¿qué pasaría en Sinaloa si hubiera una problemática similar? Creo que debemos pensar bien en cómo actúa la 4T.
Lo que hoy está sucediendo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que está congelando cuentas de ediles, o de actores políticos que claramente no apoyan o no demuestran simpatía con el actuar del presidente de México, es un terrorismo financiero que solo busca lastimar a los opositores a sus designios. Creo que no es éste el camino a seguir en una democracia con leyes. ¿O será que para pagar el tanque de oxígeno que significó la visita de López Obrador a Trump, a pesar de los tiempos electorales en Estados Unidos, se tiene que pagar esta deuda de agua para que Trump pueda subir puntos en el estado de Texas? Usted tiene la respuesta.
«Libre, y para mi sagrado, es el derecho de pensar… La educación es fundamental para la felicidad social; es el principio en el que descansan la libertad y el engrandecimiento de los pueblos».
Benito Juárez
