Habían casi transcurrido los días del término previsto en la legislación, para que el Gobernador del Estado, Quirino Ordáz Coppel procediera a la promulgación del decreto que contenía el presupuesto de egresos 2019, para el Estado de Sinaloa. El pasado miércoles 9 de enero, los medios de comunicación fueron invitados a una conferencia de prensa encabezada por el Secretario General de Gobierno Gonzalo Gómez Flores y el Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricante. Ahí se informó la determinación del Ejecutivo Estatal para vetar el presupuesto, en ejercicio del derecho previsto en la Constitución Política del Estado y en la Ley Orgánica del Congreso del Estado.
En la historia política legislativa de la entidad, es la primera vez que se materializan los supuestos previstos en el artículo 210 de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, que establece que “devuelta la Ley o Decreto por el Ejecutivo con observaciones, en todo o en parte, volverá el expediente a la Comisión para que en vista de ella examine de nuevo el asunto y emita su parecer”. El Secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, “detalló que algunas de las asignaciones realizadas por el Congreso del Estado son ilegales, pues no pueden moverse recursos etiquetados o caerían en irregularidades”. En la conferencia de prensa, comentó que “Lo que tenemos que valorar es cuánto se puede reasignar del presupuesto, en base a esto que no es procedente, digamos, desde el punto de vista legal”.
Hizo una aclaración muy importante el Secretario de Administración y Finanzas, en el sentido del porqué se habían hecho las observaciones por parte del Ejecutivo, pues precisó que fueron hechas “en función de aquellos programas en los que quitaron recursos, más que en los rubros a los que los diputados les asignaron mayor presupuesto. Las observaciones que se están dando son aquellas que tienen algún efecto legal, en particular los recursos federales etiquetados”. Estos programas a los que el Congreso les quitó recursos, pertenecen a rubros de obra pública, salud y educación.
Por su parte, el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, destacó que a partir del 1 de enero de 2019, se estaba operando con el presupuesto de egresos del 2018, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, que establece que “En tanto no se aprueben las nuevas, se tendrán por prorrogadas las correspondientes al año anterior” en referencia al Presupuesto de Egresos 2019. Cabe hacer notar que el legislador previó que hacer en estos casos en que el gobernante vetara el presupuesto y la respuesta para el camino legislativo a seguir, lo prescribe el artículo 210 que a la letra dice, “Devuelta la Ley o Decreto por el Ejecutivo con observaciones, en todo o en parte, volverá el expediente a la Comisión para que en vista de ella examine de nuevo el asunto y emita su parecer.
También el artículo 211 establece que “ El nuevo Dictamen de la Comisión será leído y discutido con las mismas formalidades que el primero pero concretándose la discusión solamente a las observaciones hechas. Finalmente, el artículo 212, establece que “para ratificar un Proyecto de Ley o de Decreto devuelto por el Ejecutivo con observaciones, o aprobar éstas, se requiere el voto afirmativo de dos terceras partes de los Diputados presentes”.
Así que ahí está el camino que deberán seguir los diputados para que en ejecución de los acuerdos tenidos entre el Gobernador del Estado, Quirino Ordáz Coppel y la Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, la Dip. Graciela Domínguez, trabajen conjuntamente, funcionarios del Ejecutivo y los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, para lograr sacar el proyecto de dictamen del presupuesto 2019 y que este pueda aprobarse antes del 31 de enero, en que termina el periodo ordinario de sesiones.
Seguramente en el entendimiento entre ambos poderes, se podrá avanzar para destrabar este conflicto, donde un partido distinto al que pertenece el Gobernador, mantiene el control mayoritario en el Congreso del Estado y que habrá que decirlo tiene el derecho de hacer valer su mayoría, pero también hay que señalar las violaciones en que ha incurrido a la legislación y en especial a la Ley Orgánica del Congreso y a otras disposiciones de carácter legal que motivaron fundamentalmente el veto por parte del gobernador.
