Ciudad de México. Después de casi dos años, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que elimina el fuero del Presidente de la República y permite que se le pueda juzgar no sólo por traición a la patria, sino también por delitos de corrupción, electorales y todos los demás ilícitos, como cualquier ciudadano.
La minuta aprobada con 89 votos a favor y 23 en contra fue turnada a los congresos de los estados para continuar con el proceso del Constituyente.
Se acabó la impunidad, los privilegios que por décadas permitieron a los presidentes de la república en turno cometer todo tipo de corruptelas, actuar como rufianes, como lo hicieron Enrique Peña Neto, Felipe Calderón y Vicente Fox, advirtieron senadores de Morena,mientras que la oposición insistió, sobre todo el PAN, en trata de bloquear el dictamen, que por tercera vez se discutió en el Senado de la República.
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador fue presentada por primera vez,en diciembre del 2018 a a a la Cámara de Diputados, que la aprobó los términos que el Ejecutivo federal la había enviado, para modificar el artículo 108 Constitucional y 111 constitucionales.
Establecía que el Presidente de la República puede ser juzgado por traición a la patria, pero también por corrupción, delitos electorales y otros ilicitos graves. Sin embargo, la oposición en el Senado propuso modificar la minuta y añadir que también los diputados fueran juzgados por los mismos delitos, lo que en realidad no sólo no les quitaba el fuero a los legisladores.
La minuta se aprobó con ese cambio y se regresó a diputados, quienes lo rechazaron. “Pablo Gómez resaltó que cómo iban a pasar como la legislatura que no sólo no les quito el fuero a los legisladores, sino que hasta impunidad les dió”.
Como no se lograba destrabar la minuta, López Obrador mandó una nueva iniciativa a la Cámara de Diputados, en febrero de este año, en la que propuso otra redacción al Artículo 108 Constitucional: “Durante el tiempo de su encargo, el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado por traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano o ciudadana”.
