A propósito del HUACHICOLEO y otras calamidades… El pasado 18 de diciembre, autoridades del Sistema Nacional Anticorrupción presentaron la propuesta de Política Nacional Anticorrupción (PNA). En su diseño participaron prestigiados organismos: el Centro de Estudios Espinosa Yglesias; la Red por la Rendición de Cuentas; el Observatorio de la Corrupción y la Impunidad, alojado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas del Centro de Investigación y Docencia Económicas.
Mediante un trabajo colegiado e incluyente, se elaboró la propuesta de PNA, a partir de distintos mecanismos de consulta en la que participaron la sociedad en general, empresarios, académicos, expertos e instituciones públicas, a través de tres pilares: un Consejo Consultivo, como espacio de diálogo de alto nivel; la Consulta Ciudadana en línea y análisis de subjetividades a través de entrevistas a profundidad realizadas a diferentes actores; Ocho Foros Regionales, que abarcaron todo el territorio nacional y donde se escucharon voces representativas de actores de todas las entidades federativas de México.
A través de los tres pilares en mención, se captó información basada en percepciones, opiniones, comentarios, experiencias, perspectivas, vivencias; de resultados que arrojaron las encuestas e indicadores construidos y aplicados por reconocidos organismos e instituciones del país y el extranjero; del análisis de connotados aportes que registra la literatura de frontera y de recomendaciones que se desprenden de estudios, reportes e investigaciones realizados con elevado rigor metodológico, tanto a nivel nacional como internacional, sobre el fenómeno de la corrupción.
Los resultados basados en este esquema de riqueza informativa altamente confiable y técnicamente robusta desde una perspectiva técnico metodológica, fueron de gran utilidad en la definición de causas y efectos, así como de posibles vías de solución, con lo cual se concluye que, el flagelo de la corrupción está asociado primordialmente a cuatro factores clave:
Factor 1: Prevalencia de altos niveles de impunidad.
Factor 2: Persistencia de espacios de discrecionalidad excesivos que propician la arbitrariedad.
Factor 3: Débil involucramiento social en el control de la corrupción.
Factor 4: Distorsión de los espacios de interacción entre gobierno y sociedad.
Tal es la magnitud del problema, que la corrupción se observa como uno de los retos más relevantes que enfrentan las sociedades en el plano internacional, nacional, regional y en la localidades, sobre todo por los graves costos que genera en ámbitos como la confianza en las instituciones, la efectividad gubernamental, el desarrollo económico, el acceso a bienes y servicios públicos, así como el ejercicio de los derechos humanos.
Precisamente, la magnitud del problema hace evidente la necesidad de hacer un ajuste de miras e impulsar un modelo de Política Nacional Anticorrupción que, por una parte, proponga acciones de alcance nacional sustentadas en la concepción de la corrupción como un fenómeno sistémico que se hace concreto a través de manifestaciones muy distintas (como el nepotismo, el soborno, las redes de corrupción, el lavado de dinero, etcétera), cuyo control requiere de medidas diversas y, por otra parte, que ese modelo pueda ser desagregado con los ajustes requeridos y de acuerdo con las especificidades que presentan en el plano local los estados y municipios del país, a fin de encontrar avenidas más amplias de solución a faltas administrativas y hechos de corrupción.
Estos procesos de coordinación e involucramiento se proponen a partir de cuatro Ejes Estratégicos como son la Impunidad, la Arbitrariedad, el Involucramiento de la sociedad y las Interacciones gobierno-sociedad que, en su conjunto, integran las distintas dimensiones de la corrupción como un fenómeno sistémico que se manifiesta a través de diversas conductas que violentan el Estado de Derecho, y que se debe enfrentar mediante mecanismos y acciones de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a este flagelo.
Al rendir protesta como presidente, López Obrador hizo patente: “A partir de ahora se llevará a cabo una transformación pacífica y ordenada, pero al mismo tiempo profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México”… “propongo al pueblo de México que pongamos punto final a esta horrible historia y mejor empecemos de nuevo, en otras palabras, que no haya persecución a funcionarios del pasado, y que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad”.
Lo anterior tiene la fortaleza política de la concordia nacional, pero debilita el Estado de Derecho, particularmente la obligación constitucional que tiene todo mandatario de hacer valer el imperio de la Ley, tanto por los delitos del pasado aun impunes, como en la comisión de actos delictivos del presente y el porvenir.
La impunidad se entiende como la situación en la que los delitos y los presuntos responsables no reciben un castigo de acuerdo con lo estipulado en las leyes; además, se relaciona con la incapacidad de las instituciones responsables y la inefectividad de los procesos existentes para investigar y sancionar a aquellas personas (autoridades, funcionarios, empresarios o ciudadanos) que incurren en algún acto de corrupción.
La persistencia de altos niveles de impunidad, propicia que las personas opten por cometer actos de corrupción, dado que la probabilidad de ser investigado y sancionado es mínima. Expertos, académicos, servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil, han identificado que la impunidad destaca como una de las principales causas de la corrupción en nuestro país.
En opinión de Le Clercq y Rodríguez en el Índice Global de Impunidad (IGI-MEX) 2018, “la «cadena de impunidad», “implica la existencia de un proceso encadenado que comienza al momento de la comisión de un delito y su denuncia, continúa con la apertura de una investigación por parte de las instituciones de la procuración de justicia, seguido por la resolución a la que llegan las autoridades responsables de impartir justicia y, finaliza, con una sentencia que puede incluir la definición de una pena o la reparación del daño a favor de una víctima”.
Se denomina «cadena de impunidad», debido a que los eslabones del procedimiento siguen mostrando la ineficacia e ineficiencia institucional que se va acumulando en la cadena de impartición de justicia, donde del total de las carpetas de investigación abiertas según el citado IGI-MEX, asciende a 1,532,403 en el año 2018. De esas acaso el 3 por ciento llega a una sentencia condenatoria.
El ideal de justicia es que a todo crimen o delito corresponda un castigo. Si ese ideal de justicia es debilitado por la ineficaz actuación de las instituciones, se estará alimentando la «cadena de impunidad» y, con ello, se pervierte el Estado de Derecho. El perdón y el olvido es la antítesis del imperio de la Ley, genera impunidad y debilita la institución presidencial; con ello, se continuaría nutriendo la crisis de confianza de los ciudadanos en sus autoridades, poniendo en un predicamento al ethos público y la moral de los mexicanos al interior del país y en el concierto internacional.
La corrupción, el huachicoleo y los delitos electorales ya son delitos graves en México. Nuestro país cuenta con una institución sin precedente en su historia como es el Sistema Nacional Anticorrupción; los mexicanos y nuestras autoridades contamos con una propuesta de Política Nacional Anticorrupción que continúa abierta a la sugerencia social; entonces, qué esperamos para que esta institución, bien nacida, pueda ser articulada a las reglas del juego político para que, mediante mecanismos y acciones, enfrente la impunidad y arbitrariedad, además de involucrar a la sociedad e instrumentar la interacción gobierno-sociedad mediante esquemas de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a las faltas administrativas y hechos de corrupción. Ante ello, estemos pendientes.
