De acuerdo con el reporte de Pemex, de enero a octubre de 2018 se detectaron 12,581 tomas clandestinas (21.4% más que en 2017); el 80 por ciento de las tomas se ubicó en 7 estados del país. La participación en el reparto en ese clandestinaje del total de tomas está constituida por: Puebla (14.4%), Hidalgo (13.7%), Guanajuato (12.3%), Veracruz (10.6%), Estado de México (10.1%), Jalisco (10.0%) y Tamaulipas (8.6%). Incluso, con información más reciente, Octavio Romero, Titular de Pemex, advierte que para el cierre de 2018 el estado de Hidalgo, con 2,121 casos registrados de tomas clandestinas, ya rebasó a Puebla (2,072 casos), y con ello además se supera por primera vez los dos millares de incidentes.
Así, la corona de este hurto a los bienes patrimonio de la Nación se asienta en Hidalgo, Puebla y Guanajuato; los dos primeros han sido estados sacudidos por las más recientes tragedias: uno con impacto en la parte ciudadana (Hidalgo), otro con impacto en la parte política/gubernamental (Puebla).
Se estima que en el estado de Puebla se realiza el “huachicoleo” desde 2011; en torno a esta actividad ilícita han proliferado factores ligados a una nueva cultura, configurando una identidad entre quienes forman parte de esta actividad y las comunidades en las que se desarrolla. Esta identidad tiene distintas formas de manifestación: la imagen del “Santo Niño Huachicolero”, juguetes, artesanías, canciones y jóvenes involucrados en calidad de “halcones”. Así, de “industria huachicolera” ha pasado a “cultura huachicolera” (Mendoza, 2019, en “Santo niño huachicolero…”). Los pólipos de esta cultura emergente se han expandido hacia Veracruz, Hidalgo y la Ciudad de México.
Entre los aportes de la psicología social para explicar estos fenómenos, se encuentran distintos modelos de análisis. Una importante revisión se realiza en “Aproximaciones Psicosociales a la Corrupción: Una Revisión Teórica” de Julián & Bonavia (2017).
Bandura (1987) propuso la teoría del aprendizaje social, la cual sugiere que la observación, la imitación y el modelaje juegan un papel primordial. Por ejemplo, está el caso de los miembros de la CNTE, que en junio de 2018 tomaron el 80% de las gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para robar gasolina y regalarla al público, acto en el que participaron varios padres de familia, quienes dieron entonces ejemplo a sus hijos de cómo ejercer latrocinios bajo el amparo de una “protesta social”.
Destaca un fenómeno que denominan “efecto de la pendiente resbaladiza”, según el cual la proximidad psicológica a personas que tienen conductas deshonestas, aumenta la tendencia a realizar esas mismas acciones por los demás, cuya aceptación se refuerza en la medida que exista una erosión gradual de los criterios éticos. (“Deshonestidad vicaria”, Gino & Galinsky, 2012). La omnipresencia de las conductas corruptas contribuye a su persistencia, siendo este uno de los factores que impactan en la institucionalización de la corrupción.
La “teoría centrada en la norma” explica que el contexto social determina cuál de las normas atiende un individuo en un momento particular y cómo esa norma afecta al comportamiento inmediato. Las normas descriptivas serian aquellas que especifican qué es lo que hace la mayoría de la gente en una situación concreta, mientras que las normas prescriptivas aclaran qué comportamientos son aprobados o desaprobados por las personas (Cialdini, et al., 1990).
La experiencia de una persona en situaciones que implican un riesgo le conduce a pensar que la probabilidad de ser descubierta es menor debido a su pericia en situaciones anteriores. Si la persona tiene un historial previo de conductas corruptas, su percepción de riesgo ante futuras situaciones tiende a estar mucho más distorsionada (“Pensando rápido y lento”, Kahneman, 2011).
También el poder puede incidir de manera sustantiva en conductas corruptas. Entendido el poder como la capacidad relativa de un individuo para modificar el estado de otras personas a través de la provisión o negación de recursos o la administración de castigos. Tener poder no solo implica una oportunidad para incrementar el beneficio personal, sino también ofrece una oportunidad para utilizarlo en beneficio de los demás (“Poder, enfoque e inhibición”, Keltner, et al., 2003). Dado que la concepción del poder configura la manera en que las personas piensan, sienten y se comportan, aquellos que tengan una visión personalista del poder tendrán un mayor grado de tolerancia a las conductas corruptas y promoverán este tipo de prácticas con mayor frecuencia que quienes tengan una visión socializadora del poder (Julián & Bonavia, 2017).
Finalmente, la delgada línea entre el Estado y el sector privado, caracterizada por una creciente externalización de los servicios públicos, puede estar entre las causas estructurales de las prácticas corruptas, en las que predominan el abuso, la impunidad y la apropiación indebida de los recursos de la ciudadanía. Así, la corrupción estaría ligada a un vacío en la regulación que permitiría constantes abusos de poder (“Enfoque de la corrupción estructural”, Sandoval, 2016). Tres factores fundamentales sustentan este enfoque: una dominación social basada en diferencias de poder; la existencia de impunidad en las altas esferas del poder; y, la exclusión de los ciudadanos de los mecanismos de participación democráticos (Julián & Bonavia, 2017).
En qué abona esto a las políticas anticorrupción:
- Si los incentivos no monetarios también influyen en la conducta corrupta, las intervenciones para reducir la corrupción que se basen exclusivamente en atacarlos están destinadas a fracasar, sobre todo en países, regiones o instituciones donde la corrupción es sistémica y, por lo mismo, aceptada socialmente.
- La implicación práctica parece sugerir que las políticas preventivas de detección y sanciones, a la hora de reducir tales conductas corruptas, suelen ser menos efectivas una vez que las personas implicadas ya tienen un largo historial delictivo.
- Los contextos regulados por normas sociales laxas, ambiguas y permisivas constituyen el caldo de cultivo idóneo para la expansión de las conductas deshonestas, y dan lugar a una situación poco idónea para la implantación de políticas anticorrupción.
P.D. Felicidades a mi esposa Dorys Gaytán por culminar con éxito su posgrado en Psicología Gestalt, con quien comparto como economista discusiones sobre estas ramas del conocimiento vinculadas al comportamiento humano.
