Uno de los motivos por los que Héctor «El Güero» Palma fue absuelto de delincuencia organizada, es que la Fiscalía General de la República (FGR) nunca pudo localizar a cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa para que declararan en su contra, incluidos dos testigos protegidos.
De acuerdo con la sentencia absolutoria, dictada por el Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Jalisco, el propio capo sinaloense pidió que comparecieran para que sostuvieran sus dichos, pero eso nunca sucedió.
«Se debe destacar que, aun cuando los defensores particulares del aquí acusado, ofrecieron la ampliación de declaración de los testigos… nombre clave ‘César’ y… con nombre clave ‘Julio’, así como la de los testigos y dichas diligencia no tuvieron verificativo, pues, no obstante haber realizado la búsqueda respectiva, éstos no fueron localizados ni fueron presentados por el fiscal federal para reiterar, ratificar o aclarar sus declaraciones», dice la versión pública del fallo.
El testigo protegido «César» es un empresario culiacanense de nombre Javier Burgueño Urías, quien fue detenido en 2001 y que, como muchos otros, decidió colaborar con la FGR para evitar ser llevado a prisión.
En el caso de «Julio», se trata de Marcelo Peña García, cuñado de Joaquín «El Chapo» Guzmán y uno de los testigos protegidos que más información valiosa proporcionó a las autoridades para identificar y detener a otros cómplices del grupo criminal.
Según el expediente, algunas de las informaciones que los testigos rindieron en distintas investigaciones relacionaban a Palma con el aseguramiento de 3 mil 288 kilos de cocaína, el 19 de julio de 1999, en Tecomán, Colima.
También con el homicidio del subdirector de la Policía Judicial de Nayarit, Antonio Contreras, y su escolta José Cruz Guerrero, perpetrados el 18 de mayo de 1995, en esa Entidad.
Otros señalamientos contra «El Güero» Palma son el aseguramiento de una avioneta con 12 millones de dólares, en San Luis Río Colorado, Sonora, el 12 de octubre de 1995; y el robo de droga en la subsede de la Delegación Estatal de la PGR en San Luis Río Colorado, Sonora, el 21 de mayo de 1997.
Este cargamento fue robado por Eduardo Barraza Gastélum «El Pony», supuestamente por órdenes de Palma Salazar que le hicieron llegar a través de José Ramón Laija Serrano «El Colo».
De los eventos mencionados, el doble homicidio en Nayarit ya fue materia de un juicio del fuero común, después de que en 2016 Palma Salazar fuera deportado de Estados Unidos y en ese proceso fue absuelto.
El juzgado que absolvió a Palma desestimó las acusaciones de los testigos porque los testimonios fueron rendidos en otras averiguaciones previas y fueron presentados en copias certificadas.
Lo correcto hubiese sido que la FGR volviera a tomar las declaraciones de los testigos para esta indagatoria y luego los presentara ante el juez para ratificar sus dichos, sin embargo, nunca pudo localizarlos.
