Morena y sus aliados tienen ya listo un proyecto para que la Comisión Permanente convoque al Senado de República a un periodo extraordinario de sesiones para la desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas.
En el documento que circula entre diputados y senadores de Morena y sus aliados, se establece la desaparición de los tres poderes en la entidad. En el caso del mandatario estatal, Francisco García Cabeza de Vaca, para que sea investigado por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada, que se le imputan y por lo cual la Cámara de Diputados Federal aprobó su desafuero.
En el proyecto que circula entre los legisladores se resalta que “la Permanente convoque a un periodo extraordinario de sesiones al Senado -una vez que la Corte se pronuncie respecto al que el mandatario estatal cuenta con fuero o no-, porque ha llegado el caso de nombrar a un titular del Poder Ejecutivo Estatal provisional”.
Así mismo en el documento se resalta que se “instale procedimiento para nombrar al titular del Poder Ejecutivo provisional del Estado libre de Tamaulipas”.
Se argumenta en las consideraciones que la destitución del Poder Legislativo debe realizarse porque “la actuación de la Cámara de Diputados del Estado de Tamaulipas, violentó el pacto federal debido a que ante la solicitud de desafuero al gobernador que le remitió la Cámara de Diputados, emitió un acuerdo de no homologación para encubrir al titular del ejecutivo estatal respecto de quien la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión determinó que existían elementos para proceder penalmente por el delito de defraudación fiscal”.
Se destaca que la resolución de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión es inatacable con lo cual el Congreso local “contraviene la Constitución Federal y quebranta los principios del régimen federal mexicano”.
En el caso de la desaparición del Poder Judicial estatal, se subraya que es “por omisión” esto es, precisa, “han violado los principios del régimen federal debido a que, ante hechos públicos como lo fueron la declaración de procedencia respecto al gobernador del Estado y el decreto de no homologación de la legislatura de la entidad, no hubo resolución, pronunciamiento o acuerdo alguno que mandatara la observancia de dichas determinaciones federales contraviniendo con ello el artículo 133 de la Carta Magna”.
En el caso del mandatario estatal se precisa que además de que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó su desafuero, “argumenta que su fuero, inmunidad o protección constitucional provienen de la Constitución Local y no de la Federal”.
Aunado a ello “se tiene conocimiento de que el gobernador ha abandonado el ejercicio de sus funciones de facto, sin que medie para ello renuncia o licencia previa”.
