Después de leer a través del artículo del amigo Omar Garfias, de los efectos de la pandemia y la crisis económica en la población mexicana, donde se ponderan sus efectos y la eficacia de los programas sociales ante la marginación y pobreza en México, nos hemos colocado de golpe ante un debate sobre las medidas del gobierno ante los precios del gas y la electricidad, que considero guardan una relación directa con el tema, tanto en la pertinencia como la eficacia, precisamente por tratarse de dos artículos básicos en el consumo popular.
El consumo doméstico de electricidad se convirtió en un mercado cautivo de CFE desde su nacionalización en 1960, tanto que ahora mantiene casi el 100% del mercado, y sus tarifas y subsidios los define el gobierno de la república a través de la secretaría de hacienda.
Hoy por hoy, los subsidios al consumo doméstico son calculados en 100 mil millones de pesos en un 40% al consumo doméstico.
Y desde el 2014, después de la reforma energética, fue la duda en el mercado de cuál sería el futuro de los subsidios en un mercado abierto, tanto que la secretaria de hacienda, hasta el 2018, había negado nuevos subsidios a regiones del país, como lo habían sido propuestas por la comisión permanente del congreso de la unión el 2 de diciembre del 2013 para la región de la huasteca potosina, tamaulipeca y veracruzana.
En el gobierno de AMLO, el gobierno federal ha emitido decretos para Tabasco y Baja California, en el primero para condonar una deuda histórica por once mil millones de pesos por huelga de pagos que el propio AMLO promovió como resistencia civil, y en Baja California tarifas con mayor subsidio.
Lo que ahora se informa que la secretaría de hacienda ha elevado en un 20% las tarifas de alto consumo (DAC), contraviniendo lo establecido en el acuerdo del 27 de marzo del 2020, a propósito de la pandemia del COVID-19, que por motivos del confinamiento en su artículo 2° dice “No se podrán realizar reclasificaciones a las tarifas de servicios domésticos de energía eléctrica, hasta 7 días después de que concluya la pandemia”.
Argumentando ahora que sus costos de producción se han elevado por el gas, que se elevó estratosféricamente en febrero pasado, cuando se heló Texas, ya que el 80% del gas que importamos proviene de esa región, elevándose de febrero del 2020 a febrero del 2021, de 1.87 dólares el millón de BTUS, hasta 56.34 dólares, incluso hubo días que llegó a costar hasta 400 dólares la unidad. Los altos precios del gas que se importa, indiscutiblemente que elevó los costos de la electricidad, y el hecho de que la pandemia se extendió por otro año, provoca un desajuste financiero real del CFE, mismo que repercute necesariamente en el consumidor con el incremento de los precios del KWH en todas las regiones del país.
Estos hechos son una realidad que no se puede esconder bajo la alfombra, porque son asuntos de elemental economía y que se deben asumir. Estructuralmente tenemos un sistema de precios al consumidor doméstico que no se quiso tratar en la reforma energética del 2014, que sigue sin abordarse por nadie y que subrepticiamente se sustituye mediante maniobras de elevar precios sin sustento legal y sin querer afrontar los costos sociales y políticos.
Y hay que entender, lo ocurrido en Texas en febrero pasado es un síntoma del cambio climático y es lógico que, si ya se dio, se volverá a repetir, y tendrá las mismas o peores consecuencias, porque las plantas de ciclo combinado de CFE están conectadas a los gasoductos que vienen de Texas. Nuestra dependencia de esa región, por lo menos en producción eléctrica, es crucial y lo que pasa allá nos afectará severamente acá.
