Culiacán, Sinaloa.- Ante la posible existencia de aviadores en la nómina de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Mexicanos Primero en Sinaloa demanda a gobierno del estado que aclare y presente la información que le ha requerido la Auditoría Superior de la Federación por las faltas detectadas en el pase de lista del FONE en 2017.
Ángel Leyva Murguía, director general de dicha organización, indicó que con base en el reporte que emitió la Auditoria, Sinaloa es la segunda entidad el menor índice de trabajadores en las escuelas asignadas, así como uno de los estados con más observaciones.
Según el informe, 14 mil 128 docentes y personal administrativo no fueron localizados en sus centros de trabajo. De estos, 3 mil 294 ni siquiera fueron identificados por sus patrones directos.
Adicional a estos posibles aviadores, Leyva Murguía señaló que el reporte advierte sobre un daño superior a los 212 millones de pesos, de los cuales más de 203 millones corresponden a pagos de 607 servidores que no fueron localizados en sus áreas de trabajo.
“Exhortamos a gobierno del estado a que aclare las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación; de no ser así que señale a los responsables para que rindan cuentas. El gasto es el principal instrumento de política pública, por lo tanto, nos debemos asegurar que cada peso se destine efectivamente a impulsar el derecho a aprender los niños, niñas y jóvenes de Sinaloa”.
El representante de Mexicanos Primero puntualizó que esta no es la primera vez que Sinaloa es señaló por este tipo de irregularidades. De ahí que pidió que se subsanen las observaciones, ya que no sólo implican le presencia de aviadores, sino también la liberación de pagos por más casi 4 millones de trabajadores que aparecen en la nómina magisterial sin importar que realizan actividades ajenas a la educación, así como la liberación de más de 3 millones de pesos a favor de 345 personas que ya fueron dadas de baja del sistema.
A lo anterior se suman otros 51 casos de trabajadores a los que se les pagaron más de 850 mil pesos, sin importar que contaban con permiso sin goce de sueldo.