Las observaciones que hizo la Auditoria Superior de la Federación sobre la falta de personal en las escuelas y posible daño por más de 212 millones de pesos al erario, son reflejo de las fallas técnicas que tiene la nómina magisterial de Sinaloa.
Arturo Sánchez Sainz, subsecretario de Transparencia y Contraloría Social en el estado, indicó que en una primera revisión que hicieron de los 607 docentes y trabajadores administrativos que no fueron encontrados en sus centros de trabajo, 569 solicitaron cambio de adscripción, lo que justifica el que no hayan aparecido al momento del pase de lista.
Sobre los 38 que están pendientes, dijo que están revisando caso por caso para saber dónde están y si se les cubrió algún pago.
Con este referente, el funcionario comentó que de momento se puede descartar daños a la cuenta pública.
“Hay muchas fallas técnicas en la nómina. Lo que sí les puedo decir es que no se ha detectado, hasta este momento, una actitud dolosa o un daño patrimonial. Se está en el proceso de revisión de estos casos específicos para determinar qué pasó y entonces decidir si efectivamente hay una actuación dolosa o un daño a la hacienda del estado”.
Informe.
El pasado 20 de febrero, la Auditoría Superior de la Federación emitió el informe sobre una serie de irregularidades detectadas en la nómina magisterial; 10 días después se notificó al Estado. A partir de ese momento empezaron a correr 30 días hábiles para que se solventen todas las observaciones.
De acuerdo al informe que emitió el órgano auditor, 14 mil 128 trabajadores del sector educativo en Sinaloa no se encontraron en sus centros de trabajo. De estos 3 mil 294 ni siquiera fueron identificados por sus jefes inmediatos.
Asimismo, se advirtió sobre un posible daño a las cuentas públicas por más de 212 millones de pesos. En este monto, 203 millones 410 mil 748 pesos fueron pagados a 607 servidores públicos que no fueron localizados en sus centros de trabajo.
También se presume pagos por un monto total de 3 millones 936 mil 548 pesos a 44 trabajadores que realizaron funciones ajenas a la educación, así como el pago de otros 3 millones 258 mil 139 pesos a 345 empleados que fueron dados de baja.
