Culiacán, Sinaloa.- El presidente de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro sí puede ser acusado de desacato de la ley y ser sujeto a un desafuero por el Congreso al negarse aplicar la Ley de Agua Potable y Alcantarillado para otorgar descuentos en el servicio de agua a grupos vulnerables.
Así lo reveló el abogado constitucionalista, Ismael Camargo González, quien sostuvo que el alcalde, en su calidad de autoridad, está obligado a cuidar los derechos de las personas, y a hacer valer la ley.
El doctor en derecho y profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) advirtió que incumplir con una norma, como lo es la aplicabilidad del artículo 50, tiene con resultado el fincar responsabilidades.
“Él no puede aplicar la ley de acuerdo a su criterio personal, la ley se aplica. si la ley lo obliga a hacer los descuestos en agua, él debe de hacerlos”, acotó el constitucionalista.
Explicó que en este caso es el Congreso del Estado quien puede acusar de desacato a Jesús Estrada Ferreiro y entonces, de proceder, desaforarlo.
¿Qué pasa con controversia?
Si bien, dijo, el presidente está en su derecho de promover una controversia constitucional, insistió que también está obligado a hacer valer la ley vigente mientras la Suprema Corte no diga lo contrario.
“No resulta conveniente promoverlo en virtud de que se trata de la protección de grupos vulnerables que el estado mexicano ha tratado de proteger. Como gobernante debe cuidar esos aspectos”, opinó.
El también autor de 35 libros de derecho, destacó que esto pasaría sí la Corte decrete una suspeción provicional, pero mientras eso llega, el Ayuntamiento mediante la JAPAC, debe empezar con el trámite para aplicar descuentos del 50 por ciento.
“Mientras la ley no se suspenda por la Corte él debe de aplicar de manera estricta, es decir dar los descuentos y si no está cumpliendo con la ley puede ser sujeto a una sanción por desacato”, dio a conocer el también profesor.
Apunto que las sanciones pueden ser desde una sanción administrativa o bien hasta el desafuero promovido por el Congreso del Estado.
Indicó que el argumentó del alcalde de justificar un menoscabo a las finanzas de JAPAC, esto debe ser resuelto a mejores sistemas de recaudación.
Ciudadanos pueden quejarse.
Camargo González señaló que en el caso de Culiacán, cualquier ciudadano dentro de este grupos vulnerables puede acudir a la JAPAC para solicitar la aplicación de los descuentos y en caso de negárselo, pueden tomar nota de la persona que se los negó para presentar una denuncia.
El doctor investigador adscrito a la facultad de Derecho de la UAS en la unidad de posgrado Culiacán, calificó como una irresponsabilidad del presidente negarse a un mandato del Congreso que va en beneficio de la población.
