No sé cuál sea el resultado de la votación que la Corte resuelva sobre el proyecto de dictamen que presentó la magistrada Loretta Ortiz, respecto a la ley eléctrica que se aprobó el año pasado, sobre si es constitucional o no, resolución que definirá el futuro económico de México, por lo menos en lo que resta del sexenio de AMLO.
Si se declara constitucional dicha ley eléctrica, las consecuencias serán de una batalla legal a gran escala en los tribunales nacionales e internacionales, tanto con empresas eléctricas del sector privado nacional e internacional, como de los países firmantes del T-MEC, Estados Unidos y Canadá, así como las inversiones extrajeras, que será impactada específicamente en el sector eléctrico, y obviamente en lo general, precisamente por el retroceso que significa reasignarle la preponderancia en esta industria estratégica a CFE, lo que mete incertidumbre a los capitales, por lo menos.
De inmediato los efectos a la industria eléctrica se dejaron sentir y vendrán las consecuencias. El sector privado produce el 50%, la mitad de la energía eléctrica nacional, y la produce a la mitad de lo que produce CFE, lo que resulta el fondo del conflicto legal que se ha desatado, porque los productores privados tienen una enorme ventaja sobre CFE en el mercado, cuestión de la que la paraestatal, o empresa productiva del gobierno, no quiere hacerse cargo entrando a la producción de energías limpias, mucho más baratas de producir, lo que la haría competitiva frente al sector privado.
CFE y el gobierno ciertamente trabajan fuerte para entrar a la competencia, construyendo el parque solar de Sonora, en Puerto Peñasco, y las cinco nuevas plantas termoeléctricas, con gas, lo que las elevará en la competencia, pero es muy difícil que con estas nuevas plantas eléctricas sustituya el 50% que produce el sector privado, lo que provocaría una crisis de abaste y de shock en la industria, con un efecto en cadena indeseable.
El volumen de capital invertido por el sector privado, nacional y extranjero abarca los 80 mil millones de dólares, entre los que los inversionistas de Estados Unidos suman diez mil millones de dólares, empresas que, apegadas a las disposiciones del T-MEC, se inconformarían en los tribunales internacionales.
Por eso y más el fallo de la corte, si se equivoca y declara constitucional la ley eléctrica, suspendida actualmente, sería catastrófico en lo inmediato y a largo plazo para la economía nacional, que significará un retroceso histórico de un proyecto que tiene ya casi 30 años, como ha sido el TLC, ahora T-MEC.
