Puntual, el domingo pasado 10 de julio, se cumplimentó el mandato de la Suprema Corte de consultar a los habitantes originarios, llamadas así las comunidades indígenas del norte de Sinaloa, el resultado fue que 12 de las trece asambleas realizadas el pasado fin de semana aprobaron la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo, mientras que una en Juan José Ríos la rechazó y tres más prorrogaron su definición hasta el mes de agosto.
Se allanó un conflicto que se motivó en los impactos ambientales de la instalación de la planta de fertilizantes y que se litigó durante años en tribunales, mientras los intereses comerciales de fertilizantes en el país, los grupos de importadores, principalmente aquí en Sinaloa el grupo CERES en Los Mochis, y en el noroeste AGROINDUSTRIAS DEL NORTE, se movían en lo oscuro, moviendo su tinglado para evitar que esta inversión se instalara no solo en topolobampo, sino en ningún lado.
Desde que FERTIMEX y otras empresas del gobierno fueron rematadas en aquel tianguis, o venta de garage que remató más de 400 empresas de gobierno, como usted lo quiera llamar, que hiciera el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la producción nacional de fertilizantes casi desapareció, tanto que en la actualidad, de las 5 millones de toneladas de fertilizantes que se importan, principalmente de Estados Unidos, no llega a 5% del consumo nacional de fertilizantes.
La especulación de este vital insumo agrícola, acelerado por la invasión de Rusia a Ucrania (poderosos los dos países en la producción de fertilizantes), el costo de las toneladas de fertilizantes se ha elevado en un año más del 300%, hasta alcanzar alrdedor de 30 mil pesos y amenaza con elevarse aún más, que obviamente provoca mayor especulación de esos importadores que comercian aquí el insumo agrícola.
Los argumentos en la discusión que se desarrolló en la consulta, de un lado y de otro, era resolver la ecuación costo – beneficio, sustancial en cualquier proyecto, que se colocaron en la balanza y la mayoría razonó para definir el «Sí».
¿Que habrá daños colaterales? ¡Claro que sí! Y de eso se debe hacer conciencia y compromiso tanto por la empresa que se instala como los gobiernos federal, estatal y municipales que han intervenido.
La vigilancia y supervisión de la sociedad y de los gobiernos será fundamental para que no ocurra lo que pasa con muchos proyectos, no solo industriales sino en buena medida en los servicios públicos, como ocurre en el tratamiento de aguas negras que carecen de esa supervisión y arrojan las aguas negras prácticamente «crudas» a los drenes y a las bahías sinaloenses.
Así como ese ejemplo, solo vale ver el presupuesto y el plan del gobierno estatal, la prioridad de los ecosistemas y el desarrollo sustentable prácticamente está ausente, por lo que eso obliga a que los esfuerzos sociales se redoblen y la vigilancia social para el cumplimiento de las empresas son un instrumento de trabajo para corregir las deficiencias de las obligaciones, para que la lucha por la defensa del medio ambiente no sea retórica política ni simulación de las autoridades.
