Culiacán, Sinaloa.- El juicio de amparo que le da la razón a la exmagistrada Lucila Ayala de Moreschi, evidencia que se trató de un acto de autoritarismo de la pasada Legislatura y del actual Gobierno estatal, el haberle negado la ratificación como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa.
Así lo sostuvo la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Graciela Domínguez Nava, quien confirmó que con el ordenamiento de un juez federal, todo indica que será Héctor Samuel Torres Ulloa, quien tendrá que dejar el cargo como magistrado propietario de Sala Superior. Este medio ya había adelantado esta posibilidad.
Entrevistada en exclusiva por ReflectoresMX, la coordinadora de la bancada de Morena confirmó que en 2017, la 62 Legislatura le negó el derecho a la ratificación que la misma quejosa solicitó por escrito.
Reveló que en base en la sentencia recibida este lunes en el Congreso, hoy mismo el Legislativo le hará llegar al Juzgado Federal, el documento mediante el cual se deja sin efecto el oficio con el que se le negó esa posibilidad a la ciudadana.
Añadió que como segunda parte, el Pleno deberá de aprobar mañana jueves la cancelación del nombramiento que le dio a Torres Ulloa.
“Esto ya propicia las condiciones para que posteriormente el Congreso pueda analizar si avala la ratificación o no de Lucila Ayala. Lo que el Congreso tiene que dejar es sin efecto el procedimiento mediante el cual se le negó el derecho a ser valorada para la ratificación”, aclaró.
Autoritarismo.
Dominguez Nava, presidenta de la Jucopo sostuvo que la sentencia es una muestra más de la urgencia que existe de seguir fortaleciendo la división de poderes.
“Eso pudiéramos calificarlo, fue un abuso de poder, donde dos Poderes, en este caso el Legislativo (pasado) y el Ejecutivo (actual) actuaron juntos para negar un derecho que la ley le daba a la magistrada, y esto se convierte en un acto de autoritarismo, donde no se respetó la legalidad”.
Lamentó que este “error” ahora represente pagar fuertes sumas de recursos económicos, como el hecho de liquidar dos años de sueldo, aguinaldos y otras prestaciones.
Domínguez Nava dijo no conocer si será el Gobierno de Quirino Ordaz Coppel o el mismo Tribunal de Justicia Administrativa el que pagará lo que indica este ordenamiento legal.
Cabe mencionar que este medio ha revelado que la autoridad deberá pagar por mandamiento judicial, cerca de dos millones de pesos que Ayala de Moreschi dejo de recibir durante dos años como magistrada propietaria.
ReflectoresMX ha solicitado una entrevista con el secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, como primer responsable de las áreas jurídicas del estado, pero esta no ha sido concedida.
