En abril de 2017, la Magistrada Lucila Ayala de Moreschi, destituida del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa, promovió juicio de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito y señaló como autoridades responsables al Gobernador Quirino Ordaz Coppel, de quien reclamó la expedición, firma, orden y ejecución del oficio de 29 de marzo de 2017, mediante el cual envió al Congreso del Estado, las dos ternas de los aspirantes, a ocupar dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa y las consecuencias derivadas del mismo, como son el trámite que el Congreso del Estado, dio al referido oficio, la destitución de la Magistrada, como parte integrante de la Sala Superior del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dejándola sin percepciones económicas.
La Magistrada Lucila Ayala de Moreschi, reclamó del Congreso del Estado, la negativa a proceder a la ratificación como Magistrada en el cargo e igualmente le reclamó la recepción y trámite del oficio del gobernador Ordaz Coppel, de fecha 29 de marzo del año de 2017, por el cual se enviaban las dos ternas de Magistrados para integrar la sala Superior del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa, así mismo, como también la ejecución de las consecuencias derivadas del mismo como son: iniciar el trámite de un procedimiento de selección de magistrados completamente ilegal, pues dicho Congreso no está facultado para ello, la designación de Magistrados a ocupar dos magistraturas, la destitución de Lucila Ayala de Moreschi como Magistrada Propietaria de la Sala Superior y la privación de sus percepciones económicas.
El Juez Primero de Distrito en su sentencia firmada el 16 de febrero de 2018, sobreseyó el juicio, por lo que tanto Lucila Ayala de Moreschi, así como el Congreso del Estado, promovieron recursos de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado del Duodécimo Distrito, con sede en Mazatlán, Sinaloa, que finalmente, después de haber estudiado los agravios hechas valer por la quejosa Lucila Ayala de Moreschi, el Magistrado Ponente, Miguel Ángel Rodríguez Torres, expuso su proyecto, donde la Justicia Federal amparaba a Lucila Ayala de Moreschi. La resolución del Tribunal Colegado de Circuito fue notificada a la promovente y a las autoridades responsables, destacando los siguientes puntos resolutivos: El primero de éstos, en que “se deja insubsistente el oficio de fecha 31 de marzo de 2017, el cual contiene la negativa de incoar el procedimiento de ratificación solicitado por Lucila Ayala de Moreschi, mediante escrito presentado ante el Congreso del Estado de Sinaloa, el 6 de enero de 2017”. El segundo resolutivo ordena “acatar en la esfera de competencia del Congreso del Estado, lo dispuesto en el Artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa”.
En un tercer resolutivo se le “ordena al Congreso del Estado, para que en su “momento procesal oportuno”, realice el procedimiento para la designación de la magistratura”. En un cuarto se deja sin efectos, el procedimiento “de designación del doctor Héctor Samuel Torres Ulloa, para sustituir a la doctora Lucila Ayala de Moreschi”. En el quinto punto se pide notificar el acuerdo al Magistrado Torres Ulloa, al Tribunal de Justicia Administrativa, al Ejecutivo del Estado y a la C. Lucila Ayala de Moreschi.
¿Qué fue lo que pasó el pasado jueves en el Congreso del Estado? El plazo dado por el Tribunal Colegiado para el cumplimiento de la sentencia vencía a las 12 de la noche. Cuando eran las 14 horas, se había decretado un receso en el pleno por el presidente de la cámara, el petista Marco César Almaral, con el objetivo de elaborar el dictamen respectivo en la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y finalmente, llegar a acuerdos en la Junta de Coordinación Política, tras de aclararse las dudas que prevalecían en le sentencia del tribunal. El dictamen fue votado por tres votos a favor y uno en contra de la priista Gloria Imelda Félix. “Después de la votación, el bloque priista, liderado por el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez abandonó el edificio del Congreso, sin justificar su ausencia. Los priistas ya no contestaron los teléfonos, ni de los reporteros ni de diputados”. También se fueron la “panista Roxana Rubio, así como Karla Montero y José Manuel Valenzuela, sin partido; asimismo, Édgar González, del PRD, quien incluso había firmado el dictamen, el petista Eleno Flores; Angélica Díaz de Cuén, del PAS, y dos morenistas, Fernando Mascareño y Mariana Rojo.
La sesión se reanudó cerca de las 22:00 horas con la presencia de 20 diputados y la ausencia de otros veinte, votándose finalmente el dictamen para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Colegiado de Circuito. Cabe señalar que la ausencia del bloque priista y demás diputados de otros partidos, rompió el quórum legal, pues para que el pleno pueda sesionar debe haber la asistencia de la mitad más uno de los diputados que integran la legislatura y aún cuando antes del vencimiento del plazo dado por el tribunal para el cumplimiento de la sentencia, se cayó en la ilegalidad, por lo que el Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, como tercero perjudicado por el nuevo acuerdo del Congreso, podría solicitar juicio de amparo.
Hace mal el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez en haber provocado la salida de los diputados en el Congreso, pues, si bien es cierto que fue la legislatura anterior, dirigida por la bancada del PRI, la que cometió la ilegalidad, ahora esta misma bancada debería haber apoyado con todo, los puntos resolutivos de la Sentencia del Tribunal y contribuir a la buena marcha del Poder Legislativo.
