El pasado 21 de febrero, el pleno del Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular, y por unanimidad de 127 votos, la reforma Constitucional en materia de Guardia Nacional, en la cual se contempla que esta corporación tenga un mando civil. El aval se dio luego de que los líderes parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC y PRD, acordaran construir un proyecto con cambios en los puntos polémicos de este. Esto generó que durante la sesión prevalecieran los elogios entre legisladores de todos los partidos.
En el Senado de la República, por unanimidad, se alcanzó un acuerdo para aprobar un dictamen modificado que da paso a la creación de la Guardia Nacional, responsable de las tareas de seguridad pública para prevenir y atacar el delito en el territorio nacional. En conferencia de prensa, los integrantes de la Junta de Coordinación Política, que preside Ricardo Monreal, anunciaron lo anterior, subrayando que el mando del nuevo organismo será civil y que la actuación de las Fuerzas Armadas tendrá una temporalidad de cinco años.
La minuta fue devuelta a la Cámara de Diputados para su revisión, la cual fue aprobada sin cambio alguno, enviándose a los Congresos locales para poder ratificarla, siendo aprobada en las legislaturas estatales por unanimidad. La ley “determinará la estructura orgánica y de dirección de la Guardia Nacional que estará adscrita a la secretaría del ramo de seguridad pública, que formulará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, los respectivos programas, políticas y acciones”. El Ejecutivo Federal “designará al titular del órgano de mando superior y a los integrantes de la instancia de coordinación operativa interinstitucional” formada por representantes de las secretarías del ramo de Seguridad, Defensa Nacional y de Marina.
Durante “los cinco años siguientes a la entrada en vigor del Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”. El dictamen también establece que el Congreso de la Unión deberá realizar reformas a la “Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y expedir la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones”.
Tendrá 60 días naturales, después de la entrada en vigor del decreto, para expedir la “Ley de la Guardia Nacional y hacer las adecuaciones legales conducentes”. Asimismo, expedirá “las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor”.
El martes pasado, Luis Raúl González Pérez, quien preside la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acudió a Palacio Nacional para entrevistarse con López Obrador, a quien pidió reconsiderar la designación de un mando militar para la Guardia Nacional. Así lo reconoció el presidente de la república, al afirmar en la conferencia de prensa mañanera, “Bueno, me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar el comandante, el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del Ejército”.
“Estoy hablando de una reconversión en el Ejército y necesitamos un elemento de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo, y ya lo tenemos”, planteó López Obrador. El Presidente recordó que, además de su comandante, la Guardia Nacional tendrá un Estado Mayor integrado por mandos de la Policía Federal, la Secretaría de Marina Armada de México y de la Defensa Nacional. Estos mandos se darán a conocer la próxima semana, aseguró López Obrador, quien recalcó que la legislación recién aprobada permite que esa nueva corporación la comande un militar en activo.
“Quiero subrayar sobre un tema muy interesante. La Guardia Nacional va a pasar por un proceso de formación, un proceso previo de capacitación en dos temas, que son fundamentales: derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En eso consiste la reconversión”, planteó el mandatario.
Es obvio que esta decisión presidencial de nombrar a un militar en activo, como Comandante de la Guardia Nacional, provocó un desencanto en las organizaciones civiles de derechos humanos y entre diputados y senadores de la oposición, por lo que seguramente habrá que esperar a la designación presidencial para establecer la estrategia para combatirla en los tribunales federales, pues el espíritu de la reforma constitucional es que el mando de la Guardia Nacional sea Civil y no estar supeditado a la jerarquía militar. El Presidente de la República corre el riesgo de quedar expuesto por violaciones a la Constitución General de la República.
