AMLO quiere desaparecer 17 organismos; dejarían a 3,100 trabajadores en el limbo

De acuerdo con especialistas, el escenario legal para estos trabajadores es de incertidumbre tanto en la permanencia del empleo como en sus condiciones de trabajo.

Ciudad de México.- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador trabaja en un proyecto de reforma para desaparecer organismos desconcentrados y descentralizados y transferir sus funciones a dependencias como la Secretaría de Bienestar, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) o la Secretaría de Gobernación (Segob).

En total, y de acuerdo con el documento del anteproyecto difundido, son 17 organismos públicos federales que desaparecerían, entre los que se encuentra la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de la Economía Social (Inaes), entre otros.

En los órganos propuestos para fusionarse con las dependencias de gobierno trabajan unos 3 mil 113 servidores públicos.

En una publicación de el diario El Economista, estos burócratas estarían a la deriva durante el proceso de liquidación de los entes públicos.

Aunque en el documento se menciona que los derechos de los trabajadores serán respetados, los artículos transitorios también indican que las dependencias que absorberán a los organismos desconcentrados y descentralizados deben “prever el presupuesto y los mecanismos necesarios para la liquidación de personal conforme a la legislación laboral…”.

El Inapam y el Inaes abarcan al 39% de todos los servidores públicos que podrían verse afectados por los cambios. En tanto, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con una plantilla de 362 personas; el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), con una de 325, y el Instituto Mexicano de la Juventud, con una de 205, son áreas con una fuerza laboral que puede igualarse a la de empresas grandes o medianas, respectivamente.

De acuerdo con especialistas consultados, el escenario legal para estos funcionarios es de incertidumbre tanto en la permanencia del empleo como en sus condiciones de trabajo.

Los 17 organismos contemplados en el proyecto suman un presupuesto de 2,755 millones 815,251 pesos,

La mayoría de los entes públicos que serán fusionados son organismos descentralizados y desconcentrados de las dependencias que absorberán sus recursos materiales y humanos.

Éstas son las áreas que desaparecerían y el número de trabajadores que laboran:

Órganos desconcentrados

-Secretaría General del Consejo Nacional de Población – 127 servidores públicos

-Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados – 48 servidores públicos

-Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes – (No se proporciona el dato)

-Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo – 179 servidores públicos

-Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía – 97 servidores públicos

-Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias – 166 servidores públicos

-Instituto Nacional de la Economía Social – 437 servidores públicos

-Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera – 96 servidores públicos

-Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas – 96 servidores públicos

Descentralizados

-Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación – 108 servidores públicos

-Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores – 790 servidores públicos

-Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad – 31 servidores públicos

-Instituto Mexicano de la Juventud – 205 servidores públicos

-Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – 362 servidores públicos

-Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático – 325 servidores públicos Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar – 8 servidores públicos

No sectorizadas

-Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción – 74 servidores públicos

(Con información de El Economista)

Comentarios