La autoridad tiene que dar muestras de que debe ser un ejemplo a seguir. Está claramente especificado que cualquier ente del Estado, desde el presidente de la República hasta el más humilde comisario, deben ceñirse al principio del respeto a la legalidad. No es lo mismo lo que se establece para un ciudadano en el sentido que pueda hacer todo lo que no está prohibido por la ley y al contrario la autoridad sólo pude realizar lo que está permitido por la ley.
Me tocó ayer la expresión de un ciudadano de los que llamamos comunes y corrientes, realizar una persecución a una patrulla que se pasó un semáforo en rojo, usando para ello el encendido de las torretas sólo para justificar el hecho y reclamó a sus integrantes de la policía municipal de Culiacán y a cuyos integrantes les hizo el reclamo diciéndoles “¿Qué les pasa?” ¿Qué no son ustedes el ejemplo a seguir? Le fue bien al ciudadano pues ante dicho reclamo generalmente lo más natural es una expresión de enojo y reprensión de los agentes policiacos. Lo curioso es que sólo asintieron con la cabeza la reprobable de la acción.
Ciertamente, día con día observamos acciones irregulares de las autoridades. Pero no hay sanción. Todo es permisible. Las contralorías internas, comisiones de honor y justicia al interior de las corporaciones no funcionan, si es que existen. De ahí que en la mayoría de las corporaciones se den altas, bajas, sanciones y beneficios sin atender la reglamentación.
Las famosas evaluaciones de Control y Confianza son un misterio. Su resultado y el procedimiento para darlo nunca son conocidos por los examinados, mucho menos pueden ser revisados. Ya la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recomendó en alguna ocasión dejar de practicar la prueba del polígrafo. Ante esta última recomendación tenemos la respuesta obvia de la autoridad la cual expresa que no son atendibles las recomendaciones de cualquier Comisión de Derechos Humanos pues se trata de resoluciones que no tienen carácter vinculatorio.
La autoridad cuando no respeta la legalidad y viola sistemáticamente los derechos humanos de las personas, automáticamente rompe el orden constitucional, pero no sólo eso, también pierde la autoridad moral y el respaldo de legitimidad que debe de caracterizar a cualquier ente del Estado.
Sucedió en el tema del ex ministro Eduardo Medina Mora. El asunto no puede quedar como solo una renuncia. Se queda mucho a deber. Un ministro no puede renunciar, o hacerlo renunciar, sino por faltas graves. Yo soy uno de los muchos mexicanos que quisiéramos conocer las causas de tal renuncia. Tienen las autoridades correspondientes un reto mayúsculo y la oportunidad de reivindicar el principio de transparencia y rendición de cuentas.
¡Esperamos respuesta adecuada!
