Después del “uno – dos” que recibió la 4T y el presidente López Obrador el lunes pasado, con las decisiones de la suprema corte y el tribunal federal de justicia administrativa donde perdió las dos elecciones con la derrota de sus respectivos personeros, el próximo lunes, López Obrador recibirá a los presidente de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau, donde se decidirá el futuro del mismo T-MEC, o por lo menos el derrotero que seguirá la política energética de México en los próximos dos años.
Así parece, porque hasta ahora, después de más de cuatro meses de cabildeos entre los organismos económicos de los tres países, hasta ahora no hay un acuerdo que detenga las controversias en tribunales y se decrete una segura derrota en ellos para la posición de México, que tendría como consecuencia una indemnización por daños a empresas, sobre todo eléctricas, de Estados Unidos y Canadá, que pudiera alcanzar los 30 mil millones de dólares, según se estima.
De darse dicho fallo en contra de México, no será el gobierno quien pague esos 30 mil millones de dólares, sino que serán los mismos productores, y como aquí ya hemos comentado, tampoco serán los exportadores mexicanos en su conjunto, sino principalmente productores primarios y rubros que no estén en las cadenas de producción de Estados Unidos y Canadá.
Las consecuencias recaerán principalmente en los horticultores, los pesqueros, ganaderos y la fruticultura, es decir, que los productores sinaloenses serán parte de los que paguen esa sanción económica que se imponga a México.
Lo deseable, y así lo esperan los de la 4T y el equipo del presidente López Obrador, es que se concrete un acuerdo, que hasta ahora públicamente no se ve, como lo reflejan los resultados de la negociaciones entre los tres países.
Es obvio que el gobierno de López Obrador se mantiene en su posición de sostener la preponderancia de la empresa eléctrica CFE en el mercado eléctrico nacional y reducir a la mínima expresión los roles del capital privado nacional y extranjero.
En pocas palabras, el gobierno mexicano pretende eliminar de facto y de manera anticonstitucional el artículo 28 de la constitución, que anula la existencia de los monopolios en el mercado eléctrico mexicano, y quieren hacer valer la reforma a la ley de energía (ley secundaria) que realizó la 4T el año pasado.
Si esta perspectiva se mantiene con ese horizonte, se constituirán dos escenarios de suyo muy riesgosos para el gobierno de López Obrador: Reducir a su mínima expresión la producción eléctrica del sector privado y desatar una controversia económica que no se reduciría a pagar las multas sino a un conflicto mayor.
¿Qué implicaciones inmediatas tendrían estos escenarios para México? Por lo pronto la elevación de aranceles a las exportaciones mexicanas del sector primario y un déficit hasta en un 50% del abasto eléctrico en el peor de los casos, porque CFE solo produce el 44% de la electricidad que consume el país.
Y casi sería un hecho, que como respuesta a esteos escenarios México reaccionaría con iniciativas políticas en la perspectiva de crear un bloque latinoamericanista, como ya se intentó en los tiempos de Fidel Castro y Hugo Chávez (sin México, por supuesto), cuando gobernaba el PAN nuestro país y fracasó.
Situaciones que de darse representarían una catástrofe para el gobierno mexicano y para el país porque no existen condiciones para esa confrontación al no haber ningún paso sólido en esa alianza; y para México es vital la estabilidad comercial con Canadá y Estados Unidos, además China vive sus propios problemas por si se consideraba como el aliado estratégico; Y, en cuarto lugar, México es sumamente incompetente en la producción eléctrica y de gas, el insumo vital de las 16 termoeléctricas que existen en el país.
No se ve por dónde, por lo que vale más “no jalarle la cola al tigre” y llegar a un acuerdo de mutuo interés. Un choque es de locura y sería lo único que le faltaría a la 4T para rematar su gestión. En fin, todo se puede esperar.
