Culiacán, Sinaloa.- Las investigaciones que sigue la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas sobre el polémico caso del ‘colchóngate’ podría extenderse hasta cinco años.
Arturo Sánchez Sainz, subsecretario de Transparencia y Contraloría Social, indicó que luego de que presentaron las denuncias públicas procedieron a abrir su propio proceso, mismo que se mantiene en marcha.
Al seguir abierto, explicó, están limitados a dar detalles o nombres sobre a quienes han investigado y los documentos que se han requerido a cada una de las áreas implicadas.
“Los avances normales de una investigación siempre es el emplazamiento de las personas que están involucradas y que de algún modo surgen sus nombres, se les da su derecho de audiencia, para que manifiesten en lo que su derecho convenga, así como el requerimiento a otras instituciones públicas o privadas”.
Sanciones.
Sánchez Sanz comentó que dependiendo de las acciones cometidas por cada uno de los implicados en el ‘colchóngate’ se determinará la sanción. La más severa sería la suspensión para desempeñar algún cargo público.
Asimismo, dijo, tienen la facultad para aplicar sanciones económicas que sirvan a remediar el daño provocado por la entrega de los colchones en mal estado.
