Culiacán, Sinaloa.- Derivado del sobreendeudamiento en el que cayeron más de 25 mil trabajadores del Estado y una serie de irregularidades detectadas en el otorgamiento de financiamientos, la Secretaría de Administración y Finanzas iniciará una auditoria y un plan de restructuración ya acordado entre la empresa Nomipay y 63 sofomes y 4 aseguradoras.
Al confirmar parte de lo expuesto por ReflectoresMX, Carlos Ortega Carricarte, titular de dicha dependencia, expuso que en una primera revisión que han hecho han encontrado que algunos financiamientos fueron tramitados con documentos falsos, de manera discrecional, desordenada y con tasas de interés superiores al 200 por ciento.
Por esto, para algunos burócratas liquidar sus deudas ha sido imposible.
Relató en entre algunos, de los 70 mil créditos otorgados, algunos con pasivos de hasta 1.5 millones de pesos, mientras que, en otros, por los descuentos que se hacen directamente a nómina, al trabajador sólo le llega un peso de sueldo a la quincena.
“Se observa un sobreendeudamiento. En muchos trabajadores se llegó a dar mucho crédito. Algunos trabajadores llegaron y tienen 34 créditos, con una deuda superior al millón de pesos, lo que pagarlo para alguno de ellos representaría más de 30 años de trabajo dando su sueldo completo. No le alcanzarían los 30 años pa’ pagar lo que deben, porque pudieran ser hasta 50 años. Hay trabajadores a los que sólo les llegó un peso en sus cheques por los descuentos”.
La empresa que se ocupará de hacer la restructuración de todos los créditos es Nomipay. Esta ya estableció un acuerdo con las empresas crediticias, mismas que cubrirán los gastos por el servicio que esta les otorgará para reducir la cartera de más de 2 mil 800 millones de pesos que arrastra desde 2012.
En el acuerdo también se estableció que las sofomes y las aseguradoras eliminen el cobro de intereses moratorios y por comisiones, que reduzca la tasa de interés por debajo del 50 por ciento y que establezca cobros fijos por hasta el 30 por ciento del sueldo que perciben los titulares de los créditos.
También se busca que las empresas prestadoras de dinero regresen el dinero que cobraron de más. Se advierte que suman los 200 millones de pesos.
Ortega Carricarte descartó la aplicación de sanciones a funcionarios de la pasada administración, pues estos préstamos se dieron entre dos particulares. Al Estado, sólo ha tocado aplicar los cobros directamente en los pagos.
