Las prácticas de espionaje durante los dos sexenios anteriores, utilizando el programa israelí Pegasus, representaron una afectación a las arcas públicas por mil 970 millones de pesos, además de 61.3 millones de dólares, informó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez.
Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, la titular de la SSPC presentó el resultado de la búsqueda exhaustiva de contratos relacionados con la empresa NSO Group en archivos digitales e impresos de la dependencia, órganos desconcentrados, extinta Policía Federal y Secretaría de Gobernación.
En total se encontraron 31 contratos otorgados a diversas empresas, información que se entregó a la Fiscalía General de la República (FGR) para realizar las investigaciones correspondientes y se deslinden responsabilidades sobre esta práctica ilegal de espionaje.
“Se violó la intimidad de periodistas, políticos, luchadores sociales, empresarios, defensores de derechos, de servidores públicos, legisladores. En cambio, este nuevo gobierno tiene como premisa fundamental la libertad y la transparencia. Aquí no se espía a nadie, se acabó la persecución política y el espionaje”, resaltó.
En su exposición, Rodríguez Velázquez detalló que la empresa israelí NSO Group desarrolló el software llamado Pegasus que operó en México entre 2012 y 2018. La empresa vendió a la entonces Procuraduría General de la República el programa por medio del Grupo Tech Bull.
No obstante, la empresa israelí, para realizar sus transacciones, utilizó otras compañías ‘fachada’ para obtener contratos de diferentes instancias del gobierno federal por conceptos distintos al uso de tecnología de inteligencia.
En los archivos de la extinta Policía Federal se encontraron 16 contratos suscritos con las empresas KBH y Comercializadora de Soluciones Integrales Mecale; también se encontraron otros dos contratos que fueron firmados por la Secretaría de Gobernación – de donde antes dependía la Policía Federal – con las empresas Proyectos Semilla y Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MV.
En tanto, en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que tiene a su cargo los penales federales, se encontraron siete contratos realizados con cuatro empresas: Comercializadora Antzúa, Artículos Textiles, BCD, y BCD London.
En el Servicio de Protección Federal se hallaron dos más con una sola empresa: Artículos Textiles, Equipos y Accesorios MV. En lo que fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) se otorgaron cuatro contratos más con la empresa Proyectos y Diseños VME.
“Estos 31 contratos involucran al gobierno de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, bajo cuya protección operaba, en el caso de Felipe Calderón, el ex secretario de seguridad Genaro García Luna, actualmente preso en un penal en Nueva York, y reconocido por sus prácticas de espionaje. En el caso de Enrique Peña Nieto mantuvo esta actividad ilegal durante todo su sexenio”, indicó.
Toda esta información en documentos físicos fueron llevados a la conferencia matutina en una caja de archivo, misma que se entregó a la FGR.
