Lo que se configuraba como otro episodio más de la catalinaria cotidiana del presidente López Obrador, la petición a los empresarios sinaloenses que invitó a cenar la semana pasada para que adquirieran «cachitos» de la Lotería Nacional para el sorteo del 15 de septiembre, cuando se rifarán los terrenos de la «Playa Espíritu», terrenos de aquel proyecto que diseñó el gobierno de Felipe Calderón, el balneario de gran altura que sería el Centro Integralmente Planeado (CIP), en aquellos terrenos de Las Cabras que le vendió el exgobernador Antonio Toledo Corro al gobierno de la república en cien millones de dólares.
La idea del presidente López Obrador es recaudar 7 mil quinientos millones de pesos para concluir los proyectos de las presas Santa María y Picachos con sus respectivas redes de irrigación y surtir la demanda de agua para Mazatlán, que con la explosión inmobiliaria que se está dando por las dos mil hectáreas que urbanizó Quirino Ordaz.
La noche de la cena del gobernador y los empresarios sinaloenses con el presidente todo quedó muy confuso y lo que parecía una imposición y metida de mano al bolsillo de los empresarios, en la mañanera de este miércoles, el presidente dejó claro que lo que aportará cada empresario sería deducido de sus impuestos.
Así todo quedó claro y es factible que la suma de 7500 millones de pesos se recauden y los proyectos del sur del estado no se detengan.
Es obvio que este recurso del presidente se debe a escasez de dinero en las arcas del gobierno federal por el gasto tan abrumador, que este año se ha elevado.
Dos billones de pesos constantes y sonantes que se ha obligado el gobierno de la república a desembolsar sí o sí con el pago de los programas sociales, la refinería Dos Bocas, el Tren Maya y los subsidios a la gasolina.
Se trata de una falta de liquidez del gobierno, por eso un día dijo el presidente López Obrador «ni una obra más» a una petición que le hicieron en una de sus giras, a tal punto de que practicamente las participaciones federales a estados y municipios hacienda las «está rasurando» al límite de las finanzas de los gobiernos locales.
Para el gobierno de la república, el gobierno del estado y la economía del sur de Sinaloa, es vital que estas obras se concluyan y por eso lo anunciado por el presidente de la república ya es una salida posible, que viabiliza el apoyo de los empresarios.
7500 millones de pesos equivalen a 375 millones de dólares, un valor muy superior a los 100 millones de dólares que se pagaron al exgobernador Toledo Corro, una fortuna difícil de recaudar, pero es factible negociar con el gobierno con la puerta que se ha abierto, porque se deducirían de impuestos como pagos adelantados. El problema es el poco tiempo para conveniar algo tan delicado.
