Ciudad de México.- Los gobiernos dejaron sin pruebas a al menos 13 mil personas. De los 185 mil 209 casos sospechosos de COVID-19 a los que no se les aplicó una prueba de diagnóstico, el 7 por ciento, es decir, 12 mil 964, fueron pacientes hospitalizados.
Al respecto, Miguel Betancourt presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, denunció que las autoridades sanitarias afirman que se aplican pruebas al 100 por ciento de pacientes graves y hospitalizados y a uno de cada 10 de los ambulatorios, pero la cifra exhibe que eso no se cumple.
«Consideramos que esa no era la estrategia adecuada para la fase inicial de una epidemia emergente en el país porque no tenía la sensibilidad de detección de casos para hacer estrategias de contención. Meses después resulta que ni siquiera eso lo estaban haciendo bien», lamentó.
Aclaró que la utilidad de la prueba no es necesariamente para cambiar el tratamiento, pero es esencial desde el punto de vista de la vigilancia epidemiológica en este momento en el que estamos «en la fase de meseta interminable».
Para Gustavo Oláiz, coordinador del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la UNAM, el dato ofrecido por la Secretaría de Salud exhibe una mala política sanitaria.
«Al menos a todos los hospitalizados se les debe realizar la prueba», ironizó el académico.
Además, consideró que el criterio de «caso sospechoso» no debería emplearse porque, para efectos prácticos, es un caso COVID.
AGENCIAS
