Culiacán, Sinaloa.- La Auditoria Superior del Estado determinó un faltante sin comprobar por 492 millones 824 mil pesos de recursos públicos de parte de los entes de los gobiernos estatal y municipales.
Se trata de la revisión financiera a 53 entes que ejercieron recursos públicos en 2018, y donde se empezarán a hacer pliegos de observación, dio conocer su titular, Emma Guadalupe Félix Rivera.
La funcionaria, quien se negó a detallar los nombres de los entes observados, adelantó que esto significa que se le notificará a cada Ayuntamiento, órganos autónomos o descentralizados, para que comprueben este dinero.
De manera general, especificó que se auditaron al ISSSTESIN, Servicios de Salud de Sinaloa (Secretaría de Salud), Cobaes, UAS y UAdeO, entre otros.
Al encabezar una conferencia, sostuvo que de no comprobarse entonces se pasará al área jurídica de la ASE, para esta a su vez lo haga ante el Tribunal de Justicia Administrativa, para acreditar la posibilidad de llevar los casos ante las instancias judiciales.
Precisó que las irregularidades son omisiones en el control interno, ausencia de comprobantes fiscales digitales, documentos cancelados, y la omisión de documentos que justifiquen compras.
También lo son el uso del uso del ingreso del Predial Urbano para temas no autorizados y el pago del salario a los comisionados de los sindicalizados del Gobierno estatal de Sinaloa y los Ayuntamientos.
Municipios reprobados.
Félix Rivera informó que el monto mayor lo ocuparon los municipios, en donde 7 comunas reprobaron las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2018.
El dinero por comprobar de los gobiernos locales asciende a 296 millones de pesos considerados como el importe de los pliegos de observación.
“En el caso de los tres entes aprobaron los tres poderes, en el caso de entes estatales y municipales aprobaron 15 y tres fueron reprobados”, añadió.
-“¿Cuáles son los tres faltantes?”, se le preguntó.
“Vamos a hablarles en términos generales. La información ya obra en la Comisión de Fiscalización y son los diputados quienes la distribuirán entre los integrantes del pleno y posteriormente hacerlo saber», justificó.
Los plazos.
La auditora dejo claro que una vez notificadas cada dependencia, estas tendrán un plazo de 30 días para aclarar o justificar sus acciones.
Una vez determinada que no se solventen las observaciones serán turnadas a la dirección general Jurídica, para de considerarlas graves, sean turnadas al Tribunal de Justicia Administrativa para el inicio del juicio correspondiente.
