La figura del tesorero en una administración pública, es muy importante pues está ligado estrechamente al gobernador del estado. Así ha sido desde la época de Don Leopoldo Sánchez Celis, con su tesorero, el Lic. Alfredo Valdés Montoya, quien se separó de su cargo para aceptar la candidatura del PRI al gobierno de Sinaloa. El Lic. Raúl Ibáñez Villegas cumplió todo el sexenio de Valdés Montoya. Don Alfonso G. Calderón, designó como tesorero al C.P. Roberto Wong Leal, quien permaneció en el cargo todo el sexenio calderonista.
Con la llegada de Don Antonio Toledo Corro al Gobierno del estado en 1981, nombró al mazatleco Lic. José Ramón Fuentevilla, como tesorero, habiendo fallecido en funciones. Francisco Labastida Ochoa, nombró en la Secretaría de Finanzas al. C.P. Alberto Saracho Valle, quien no terminó el sexenio. El Ing. Renato Vega Alvarado, nombró en la Secretaría de Finanzas al C.P. Marco Antonio Fox Cruz, quien se mantuvo en el cargo todo el sexenio. Luego vendría el gobierno de Juan S. Millán, donde se nombró al Lic. Óscar Lara Aréchiga, quien se atrincheró en la Secretaría de Finanzas y sirvió también al Gobernador Jesús Aguilar Padilla.
Con motivo de la elección constitucional de diputados federales, Óscar Lara Aréchiga se separó del cargo y fue sustituido por el mazatleco Quirino Ordaz Coppel. El fue el encargado de la entrega recepción al gobierno de Malova, quien designó al mochitense Armando Villarreal Ibarra, cargo que ocupó todo el sexenio, en medio de escándalos financieros. Finalmente, a la llegada de Quirino al Gobierno de Sinaloa, nombró a su gran amigo, Carlos Ortega Carricarte, como Secretario de Administración y Finanzas, cargo al que renunció en medio del escándalo motivado por la aceptación de un pacto avalado por el mismo y el Secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, para otorgar el perdón al extesorero Armando Villarreal Ibarra, pacto que fue echado abajo por la jueza Sara Bruna Quiñónez, al considerar el pacto como “inmoral”.
Al momento de explicar su plan de reparación del daño, los imputados a través de sus abogados defensores, “se dijeron dispuestos a pagar 2 millones de pesos, ofrecer una disculpa pública a la ciudadanía, residir por seis meses en un domicilio determinado, no viajar al extranjero y firmar cada dos meses en la Unidad de Medidas Cautelares”. Pero la jueza, a quien se le veía bastante molesta con la propuesta, negó la suspensión del proceso, pese a la protesta de los abogados defensores, “debido a que la pena de los delitos cometidos sí superan la media de 5 años de prisión”.
“¿A usted quién le dijo que podía otorgar un acuerdo de ese tipo?”, preguntó la jueza a Ismael Carreón Ruelas, quien se presentó como apoderado legal del Gobierno del estado. “Fue un acuerdo entre el secretario general de Gobierno y el secretario de Administración y Finanzas”, respondió el funcionario actual de gobierno del estado. “De forma explícita, ¿quiénes fueron?”, inquirió la jueza. “Son Gonzalo Gómez Flores, Secretario General de Gobierno, y Carlos Ortega Carricarte, Secretario de Administración y Finanzas”, dijo el funcionario. “¿Y a usted, Fiscal, quién le dio la autorización para aceptar un acuerdo?”, cuestionó a Librado Romero Martínez, quien contestó que en ese acuerdo que hicieron entre la defensa y Gobierno del estado, estuvo la Fiscal Anticorrupción Reyna Angulo Valenzuela. Sin haber obtenido lo que pretendían, Armando Villarreal Ibarra y coacusados, quedaron notificados para asistir a una segunda audiencia, la que se celebró el pasado 7 del mes en curso, en la que la valiente jueza Sara Bruna Quiñónez, negó el perdón a los coacusados y por ende, a suspender el proceso.
La jueza Sara Bruna Quiñónez, cuestionó a la Fiscalía y al representante del Gobierno estatal por llegar a un acuerdo que calificó de “inmoral”. “Estos delitos son inéditos en Sinaloa, en mis 25 años de carrera no me había tocado ver que se hable de millones como si fueran pesos o feria”, dijo la jueza de control. De gira por la Sindicatura de Ocoroni, el Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, “defendió el acuerdo al que llegaron su secretario General de Gobierno, Gonzalo Gómez Flores, y su secretario de Administración y Finanzas, Carlos Ortega Carricarte, con Armando Villarreal Ibarra, ex titular de la SAyF durante la administración de Mario López Valdez y otros dos ex funcionarios malovistas, para que paguen solo 2 millones de pesos por el desvío de más de 260 millones”.
La ebullición al interior del gabinete de Quirino, llegó al máximo, por la tarde del pasado 4 de febrero. El gobernador decidió relevar en el cargo “ por motivos personales” a su gran amigo Carlos Ortega Carricarte, quien ya no le era útil en la Secretaría de Administración y Finanzas. La ceremonia de cambio de funcionario se llevó a cabo en el despacho del gobernador y ahí solo estaban el secretario saliente Carlos Ortega Carricarte y el entrante, Luis Alberto de la Vega.
El evento se dio a conocer a través de una transmisión por Facebook. En la ceremonia, el gobernador expresó que “He decidido hacer un relevo en la Secretaría de Administración y Finanzas; Carlos Ortega, amigo mío, que ha sido una persona muy competente, que le ha dado una gran fortaleza y visión a la administración pública”, dijo Ordaz Coppel durante la toma de protesta”.
Carlos Ortega Carricarte cometió un fuerte error de cálculo y no midió las consecuencias y por ello paga con su salida del Gobierno, el haber provocado que la jueza Sara Bruna Quiñónez, no aceptara un pacto por “inmoral”.
