Quiero agradecerles al grupo de ingeniería con los que fui a la escuela por el debate tan importante que han abierto sobre este tema.
En el capítulo II del artículo 42 hasta el 48 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Coordinación Fiscal establece las reglas para que cada año en la Ley de Ingresos y Egresos de la República se fijen los impuestos correspondientes así como la asignación que se hará de lo que se recaude a cada nivel y órgano de gobierno.
Estos mecanismos de centralización y concentración fiscal le dan al gobierno de la República un poder enorme que subordina y somete a los gobiernos locales, a veces hasta la humillación, con subejercicios y retraso de las aportaciones, por lo menos de las que se les tiene que entregar por ley a los estados y municipios, provocando que gobernadores y presidentes municipales sean, por consecuencia, incapaces de hacer algo.
Este es el escenario que el constituyente temió, estableciendo en 1917 que el municipio libre y soberano era la base de la república, cambiando en el a practica a raíz de la escasa capacidad de los gobiernos municipales para ejercer sus obligaciones, así el gobierno de la Republica asumió el cobro y administración de impuestos construyéndose con esta acción los fundamentos del presidencialismo.
La discusión que han abierto este grupo de ingeniería en su chat es un tema trascendental y de enorme actualidad para el país, más aún en una etapa de transición política electoral donde es quizás el tema toral, precisamente como lo fue para crear la república imperial en la égida del PRI.
Esta discusión viene desde los años setenta como actos previos a la firma del primer convenio de coordinación fiscal en 1979, pero movimientos ya había, como el caso de Chiapas que fue un caso especial y que viene desde el siglo XIX cuando se constituye el territorio actual que perdió los estados del norte con Estados Unidos y en el sur con las repúblicas centroamericanas, donde Chiapas pretendía ser otro país.
O como los estados del norte que se revelaron en la dictadura de Victoriano Huerta o el separatismo que pretendía el movimiento cristero en la cuenca de San Luis, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, que perduró hasta los años noventa del siglo pasado.
En 1997, cuando el PRD y Cuauhtémoc Cárdenas ganan el gobierno del D.F., promueven la ANAGO (Asociación Nacional de Gobernadores), que integraron los gobiernos estatales del PAN y PRD, fue con el objetivo de luchar contra esa concentración de poder del gobierno de la República, dando origen después, el 10 de agosto del 2001, en Mazatlán, el surgimiento de la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores), donde se firmó la alianza Fox – PAN – Gobiernos del PRI, encabezados por los gobernadores Fernando Canales Clariónd de Nuevo León, Juan S. Millán de Sinaloa y Tomas Yarrington de Tamaulipas.
Los estados de la frontera norte (Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas) son un caso muy especial, que antes no pintaban económicamente, lo que produjo la creación del programa de zonas fronterizas (1978), que les creó condiciones especiales para poblar la frontera y desarrollar su infraestructura y economía.
Hoy estos estados son los más ricos del país quienes concentran el 52 por ciento de las exportaciones a Estados Unidos (casi 220 mil millones de dólares) resultando el primer lugar para Chihuahua con 52 mil millones de dólares (Sinaloa apenas rebasa los dos mil millones de dólares), estados que se han convertido en la manzana de la discordia que el PAN atrajo en sus gobiernos con prerrogativas especiales como un IVA menor que el resto del país, prerrogativas que Peña Nieto en la reforma fiscal del 2014 eliminó homologándolo a todo el país con el IVA del 16%.
Hoy que en la Ley de Ingresos y Egresos de 2018 quedaron con un IVA del 8 por ciento y la mitad del ISR por voluntad de AMLO y MORENA, se refleja de nuevo la misma tendencia que impulso el PAN, tan injusta e ilegal para todo el país. ¿Es posible que mexicanos de un lado paguen menos impuestos que los del sur? Pretendiendo con ello seducirla y evitar que luchen por un auténtico federalismo.
Por eso no se debe confundir la lucha por un federalismo justo con oportunismos políticos como el de AMLO. En su tiempo se justificó el desarrollo de zona frontera, ahora son los más ricos y los que pagan menos. El federalismo que promueven algunos gobernadores de crear un movimiento nacional contra la concentración y centralización del gobierno federal es justo y necesario para todos los estados. Lo otro es jugar con las leyes e intereses de todos y dividir el país aún más.
