Ciudad de México.- En seis meses el presidente Andrés Manuel López Obrador acumuló 51 denuncias ante la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, y no sólo eso: con la posible inscripción en un registro de servidores públicos que infringen la ley electoral, en el Tribunal, al final del proceso esas denuncias podrían servir para calificar la elección, pero el mandatario federal se prepara por si se da ese escenario.
Autoridades electorales consideran que el jefe del Ejecutivo Federal reta lo dispuesto en la ley en la materia, pero su postura difiere: este 27 de marzo el presidente afirmó que nunca ha infringido los lineamientos para respetar la equidad en la contienda electoral.
“Yo no lo hago, porque ya sería el colmo. Ayer, por ejemplo, prohíben que hable de oligarquía corrupta, y hay una realidad: el bloque conservador tiene secuestrado al Poder Judicial, al INE, al Tribunal Electoral y a la mayoría de los medios de información”, aseguró López Obrador.
Por esa razón, dijo, “ni modo que yo me quede callado, o sea, ya sería el colmo que el presidente de la República no pudiera ejercer sus libertades, su derecho a manifestarse, a expresarse. Yo no estoy llamando a votar por nadie en particular. Me gustaría que todo mundo saliera a votar, porque yo soy partidario de la transformación por la vía pacífica y soy respetuoso de la voluntad del pueblo”.
Claudia Zavala, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, respondió al señalamiento del presidente López Obrador sobre un posible plan para anular la elección sirviéndose de que estaría inscrito en un registro de infractores en el proceso electoral.
“No lo sabemos, simplemente se va a quedar el registro, hay posibilidades, a ver qué pasa en la calificación de las elecciones, que el Tribunal va a tener que retomar todo para decir cuáles son las condiciones que se requieren para que una elección sea válida. No es que se esté adelantando nada ni se esté preparando nada”, afirmó.
La consejera electoral añadió que “generalmente las elecciones se impugnan y si ya está la información sistematizada, asentada, pues ahí está, ya existe, ¿para qué efectos? No lo sé, pero existe la información”.
Zavala considera que más allá de lo que venga después de la elección hay un tema de mayor preocupación que está vigente.
“Aquí lo delicado es que a sabiendas de que la Constitución prohíbe que servidores públicos se metan en cuestiones electorales, varios servidores y servidoras públicas están reiterando esa conducta”, aseguró.
El jefe del Ejecutivo Federal apunta a las propias autoridades electorales como una oposición que va por afectar a su partido, pero él ha sido uno de los servidores públicos que ha repetido las faltas que reiteradamente señala el INE hasta llegar, finalmente, a violar la ley electoral.
Aunque ha declarado que no afecta la equidad en la contienda electoral, las resoluciones del INE indican lo contrario.
“La conducta ahí está, las sentencias ahí están, la reiteración ahí está y no es que nadie esté preparando nada, son los hechos lo que está dejándose asentado (…) y un principio fundamental es la equidad en la contienda electoral”, recordó Zavala.
El presidente López Obrador no sólo asegura que no interviene en favorecer el voto para la candidata de su partido, Claudia Sheinbaum; al mismo tiempo denuncia lo que hacían los gobiernos anteriores por el daño que le hicieron a México e indica que si quieren que “siga la transformación, ya saben por quién votar”, frase que ha repetido en varias ocasiones.
Este 27 de marzo también se mostró seguro de que el Tribunal Electoral no puede anular la elección, de lo contrario habrá reacciones.
“Nada más que no se podría anular una elección porque no hay ningún motivo. Pero, además, imagínense ustedes —toco madera— sólo que la irracionalidad los llevara a una situación extrema, que sería el equivalente a un golpe de Estado técnico, pero sería como soltar a un tigre, o a muchos tigres”.
–Lo van a intentar –se le expuso.
–No, no, no, es que el pueblo es mucha pieza, el pueblo es mucha pieza”, expresó.
La consejera afirma que la conducta de los funcionarios debe tener un sentido en la Constitución, por lo que “sí es delicado que se estén alejando de sus deberes constitucionales. En una democracia no se entiende una conducta que rete así a la Constitución y que descalifique a las autoridades que aplican la Constitución y las leyes”.
Ante las instituciones no hay justificación en torno a que no se tiene conocimiento sobre lo que no se puede decir en periodo electoral porque está establecido en la Constitución.
