Ciudad de México.- El contubernio entre las autoridades mexicanas y el crimen organizado provocó seis muertes, lesiones a 42 personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural Raúl Isidro Burgos. Esa es la conclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México sobre el papel del gobierno en las investigaciones del caso Ayotzinapa.

El ombudsman mexicano afirma que se perdieron y contaminaron evidencias, se ocultó información, se violentó el derecho a la verdad de las víctimas y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos. Todo queda documentado en una recomendación a 16 instancias de los gobiernos federal, estatal y municipal que abarca más de 2.000 páginas y que se ha presentado este miércoles, a tres días de la sucesión presidencial.

Siempre según la comisión, el desaseo y el poco profesionalismo de las autoridades ha provocado que se subestime el hallazgo de restos óseos que permitirían la identificación genética de 19 personas que habrían sido incineradas en el basurero de la aledaña comunidad de Cocula. Aun sin contar con todos los elementos de prueba, las autoridades federales se adelantaron a decir que los 43 normalistas habían sido «ejecutados». Los imputados no fueron acusados por el delito de desaparición forzada. No se agotaron todas las líneas de investigación. Las instancias de gobierno obstaculizaron las pesquisas y ocultaron información a la oficina del ombudsman. «Es el caso más ominoso y complejo en la historia de la CNDH, social y políticamente marcó un antes y un después (…) esta es la mayor aproximación a la verdad que se tenga hasta el momento», ha afirmado González. La lista de irregularidades se extiende hasta 128 recomendaciones.

Ya desde marzo pasado, la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) había documentado 34 casos de tortura, detenciones arbitrarias y graves irregularidades durante la etapa más intensa de la pesquisa, entre septiembre de 2014 a enero de 2016. El informe de la ONU fue otro golpe más a lo que el gobierno mexicano ha defendido como «la verdad histórica», que ha sido desacreditada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, peritos independientes, organismos en defensa de los derechos humanos y los familiares de las víctimas. Seis meses más tarde, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la ONU insistieron en que se realizara una nueva investigación.

Continúa impunidad

El informe de la CNDH es un mensaje directo para el gobierno de Peña Nieto y un exhorto para la administración entrante de Andrés Manuel López Obrador para «enderezar» las indagaciones. Los padres de las víctimas se reunieron a finales de septiembre con el presidente electo, que ha prometido crear una Comisión Especializada de Investigación y ha recibido un nuevo voto de confianza y de esperanza. Los familiares de las víctimas y la sociedad mexicana aún buscan la verdad y la justicia, que no han encontrado en un expediente de 1.255 tomos y más de un millón de páginas ni en cuatro años de verdad histórica.

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron los 43 normalistas.

México aún busca respuestas a más de cuatro años de la desaparición forzada de 43 estudiantes a manos de policías en la ciudad de Iguala (Guerrero), en el sureño Estado de Guerrero, una de las regiones más azotadas por la violencia y el narcotráfico en el país. A partir de una extensa investigación documental, científica y de campo, la CNDH asegura que las autoridades vulneraron las garantías de los imputados, las víctimas y sus familiares desde el momento de la desaparición, la noche del 26 de septiembre de 2014, y durante las investigaciones que la siguieron.

La principal señalada por el ombudsman es la Procuraduría General de la República (PGR). Pero el informe desentraña una compleja cadena de responsabilidades que empieza en la Presidencia de Enrique Peña Nieto y desciende por la Secretaría de la Defensa, la Marina y baja hasta el Gobierno de Guerrero, el Congreso estatal y la Alcaldía de Iguala, entre otras instituciones.

«México es un país en el que con frecuencia la verdad se niega y se esconde», ha lamentado el presidente de la CNDH, Luis Raúl González, en conferencia de prensa. «Los protagonistas principales son la ilegalidad, la corrupción y la impunidad», ha añadido.

La CNDH condena que no se haya investigado la omisión y tolerancia de las diversas autoridades pese a advertir que «algo muy grave sucedía en Iguala», que estaba en disputa entre grupos criminales como Los Rojos, La Familia Michoacana y el cártel de los Guerreros Unidos, que tenía en su nómina al entonces alcalde José Luis Abarca. «Nadie hizo nada para actuar, con ellos se hubiese evitado un desastre como el que se presentó», ha reclamado González.

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