Culiacán, Sinaloa.- El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso, Mario Rafael González Sánchez llamó a algunos funcionarios del Ayuntamiento de Culiacán y del estado, cómplices del asesino material de la joven embarazada Diana Giselle.
“Existe un asesino material, pero de este hecho hay también una cadena de responsables. Estos son el secretario de Seguridad Pública y Tránsito de Culiacán, Oscar Guinto Marmolejo, su director operativo, Héctor Luis Gutiérrez Cossio y la directora del Compavif, Elizabeth Gómez Llanos».
Citó también a la titular del Cepavif, Martha Ofelia Meza Escalante, del Instituto Sinaloense de las Mujeres, Reyna Araceli Tirado Gálvez y el secretario del sistema estatal del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Rigoberto Ocampo Alcántar.
Acusó a estas autoridades de ser cómplices “por omisión criminal, negligencia, y abandono”.
Al hablar del homicidio de la joven con cuatro meses de gestación, Gonzalez Sánchez exigió al alcalde Jesús Estrada Ferreiro la destitución inmediata del Secretario de Seguridad Pública de Culiacán, Oscar Guinto Marmolejo.
También del director operativo de la Policía Municipal, Gutiérrez Cossio y la titular del Compavif, Gómez Llanos “por no cumplir con su función de prevenir y ofrecer condiciones de seguridad a la sociedad”.
Lamentó que no haya “servido de nada” la denuncia por amenazas y lesiones que puso la hoy víctima ante la Fiscalía General el 17 de septiembre, mediante la cual se ordenó a la corporaciones municipales protegerla.
Asimismo, consideró reprobable los argumentos de que no había las patrullas suficientes atender la orden de restricción que se había emitido.
“Esas declaraciones del Secretario de Seguridad Pública del municipio es la confesión cínica, de que no ha hecho nada para atender este grave problema, cuando su responsabilidad institucional es elaborar y realizar las estrategias para brindarle seguridad a la población”, acotó.
Cuestionó que estos funcionarios ahora intenten culpar a la Fiscalía y al Juez de Control por no haber acelerado las investigaciones.
“Todo servidor público que no haga su trabajo se le considerará cómplice del hecho y se solicitará su destitución inmediata por omisión criminal y negligencia”, dijo el diputado titular de la Comisión de Seguridad en el Congreso local.
