Este miércoles, Adolfo Cuevas, presidente del regulador y en representación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el comisionado presidente, presentó una controversia constitucional en contra del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.
El instituto argumentó que no cuenta con los recursos para cumplir el mandato legislativo de poner en marcha el registro del padrón, con cargo a su presupuesto.
«La totalidad de los recursos presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal 2021, están asignados a las funciones que mandata la Constitución a este órgano regulador», detalla el IFT en un comunicado.
Por lo que este ordenamiento legal contraviene su autonomía presupuestal.
Además, indica que el Congreso afecta e invade la esfera competencial del IFT, concretamente a sus atribuciones regulatorias y de garante de derechos humanos.
«Ya que le impide cumplir con su objeto constitucional contenido en los artículos 6º y 7º; toda vez que le obliga a implementar un modelo regulatorio que condiciona el acceso a los servicios de telecomunicaciones y prevé la cancelación de líneas telefónicas móviles; y lo obliga a emitir las disposiciones administrativas de carácter general para la debida operación del Padrón en términos contrarios al objeto para el cual fue creado el propio Instituto».
