Culiacán, Sinaloa.- Como ilegales y caprichosos, fueron calificados por Ricardo Jenny del Rincón, los nombramientos que hizo el presidente municipal de Culiacán Jesús Estrada Ferreirode los tres nuevos consejeros ciudadanos del Consejo Municipal de Seguridad Pública.
El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) aseveró que son ilegales porque están fuera de la norma, al no haber convocado a los grupos de la sociedad, y porque los tres ciudadanos propietarios que fueron sustituidos no habían cumplido con los tres años que marca en su artículo 24, el Decreto de creación de Consejo Municipal de Seguridad Pública.
“Por otro lado deja fuera los acuerdos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, que están publicados en el Periódico Oficial del Estado en donde dice que la coordinación general va a participar activamente en la conformación en los Consejos Municipales”, criticó el ciudadano.
Jenny del Rincón sostuvo que se trata de una incongruencia del presidente Estrada, quien siendo abogado, no respete las leyes. Eso habla, continuó, de que el presidente “es muy respetuoso nada más de la ley que le conviene y él interpreta la norma de acuerdo a su conveniencia”.
Expuso que junto con integrantes de la coordinación general (CESP) pidieron en tres ocasiones al propio alcalde Estrada Ferreiro que tomará en cuenta las recomendaciones de ellos.
Añadió que se le pidió también que considerara a los habitantes de las colonias Guadalupe, Valle Alto y Chapultepec para una posible renovación y de la misma manera fueron ignorados.
La razón: ya tienen consejos de seguridad bien organizados en sus sectores.
Apuntó otro dato:
“Yo estuve preguntando a los organismos intermedios si algunos de ellos recibieron alguna invitación para hacer propuestas. A las organizaciones civiles, y ninguno de ellos recibió alguna invitación para que haga propuestas”.
Informó que se consultó a Coparmex, Canaco, Canacintra, Canirac, Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, Canadevi, rectores de universidades y colegios de abogados para comprobar y nadie recibió ningún exhorto.
“Fue una convocatoria cerrada a modo, y un trato a lo oscurito donde designó el alcalde a algunos de sus amigos”, lamentó Jenny del Rincón.
-¿Fue un capricho entonces del alcalde?-, se interrogó.
-Tal cual, como en otras cosas también lo ha hecho-.
El acto de quitar a tres de los consejeros que seguían vigentes, fue calificado por el coordinador como un acto de “cepillado”, en el que ni gracias se les dio a los que salieron.
Sin respuesta de nada.
“No hemos recibido ninguna réplica de parte de las autoridades municipales, lo único que hemos recibido son desacuerdos de propios consejeros que están integrando ese Consejo y que no les gustó la postura”, citó.
A Renato no le importó.
Fue cuestionado sobre el aval que dio Renato Ocampo Alcantar, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública al acudir a dar fe de la toma de protesta del nuevo Consejo, el 7 de marzo pasado que se llevó a cabo en sala de Cabildo.
El coordinador ciudadano lo acusó de ser un funcionario “que le dio una salida diplomática” a Estrada Ferreiro para no pelearse con el funcionario, y no complicarse como funcionario estatal, ello sin importar que era ilegal lo que se hacía.
La relación.
ReflectoresMX anteriormente informó que dos de los consejeros tienen relación de afectividad con el presidente municipal. Han participado activamente en “Instituto Benito Juárez para la Protección de Niños de la Calle” (Inpanic), del que el hoy presidente Estrada Ferreiro es integrante y fundador.
Diferentes fuentes consultadas coincidieron que los nuevos consejeros, Sergio Castillo Montalvo, Roberto Valdez Prado y Dante Haro Bojórquez, pertenecen al grupo ideológico que predica el presidente municipal.
El Consejo Municipal de Seguridad Pública pasado fue nombrado el 15 de febrero de 2017 como las notas periodísticas lo comprueban, por el entonces presidente Jesús Valdés Palazuelos, por lo que sus funciones concluían el 15 de febrero de 2020. El actual Ayuntamiento les quitó un año una semana y no dio argumentó legal para ello.
