La semana pasada, “con bombo y platillo”, se anunció de parte del gobierno federal que se incluían en el presupuesto 2023, diez mil millones de pesos para concluir las presas Santa María y Picachos, así como los acueductos para Concordia y Mazatlán, como las históricas obras de las carreteras transversales, Choix – Chihuahua y Badiraguato – Parral.
Son muchos diez mil millones, que aunque llegaran serían insuficientes para concluir esas cuatro obras estratégicas para garantizar el agua a Mazatlán y Concordia, abrir nuevas superficies agrícolas y, por fin, resolver la conectividad carretera con Chihuahua y la frontera con Texas y Arizona en los Estados Unidos, y no alcanzará porque terminarlas cuesta hoy en día aproximadamente 15 mil millones de pesos.
Pero eso no sería el problema principal, porque ya encarrerados como sea se completa el déficit, ya sea con créditos o con más apoyos del gobierno federal, el problema principal es si el gobierno federal puede cumplir esos compromisos y yo creo que no.
Desde hace varios años está estancada la carretera Choix – Chihuahua, porque se requiere un puente que atraviese todo el vaso de la presa Huiste y es una obra costosísima, la Badiraguato – Parral ha recibido inversiones a cuenta gotas desde hace 40 años y no se diga ahora en el gobierno AMLO, que solo han sido pretextos para pasearse por aquella región y las presas del sur y tienen desde el gobierno de Juan S. Millán, que empezó su construcción con la presa Picachos y después de 20 años duerme en espera de esa inversión final, como ha ocurrido con el proyecto hidráulico Elota – Piaxtla, que quedó sin terminar, alcanzando solo a llegar el agua a los terrenos de los horticultores de Elota y los campesinos del valle de San Lorenzo, todavía esperan los canales de riego.
Por eso me pregunto, si han pasado 40 años desde el sexenio de Miguel de la Madrid ¿Por qué ahora sí se van a terminar? Y no es que dude que quieran, sino que tienen otras prioridades y ahora los obstáculos crecieron con la crisis económica, el déficit fiscal del gobierno de la república y la perspectiva de choques económicos para el 2023 que podría encadenar a varios países como México, incluso a los Estados Unidos, lo que sería una caída económica mayor con pérdida de empleos, inflación, quiebras, elevar el déficit fiscal y restringir aún más en general la inversión y el gasto público.
No son tiempos económicos fáciles y el horizonte no pinta bien, como tampoco creo que la “rifa” de la Playa Espíritu se realice ni tampoco que los vendan, por lo que por ahí no habrá manera de obtener ese dinero.
Como también me parece que, como lo dijo hace meses el presidente López Obrador a gente de Guerrero y Chiapas, que en este sexenio ya no habría más obras, prácticamente que “se cerraba el changarro”, precisamente porque sus obras insignias y programas principales (Tren Maya, refinería Dos Bocas, aeropuerto Santa Lucía y los programas contra la pobreza) costarán en el 2023 el 60% de toda la inversión del gobierno y ya no tendrán espacio para empezar otros.
Lo que sí es plausible y parece que sería la ruta adecuada es la reunión que organizó el gobernador Rocha de los empresarios sinaloenses con el presidente López Obrador, donde se les pidió un compromiso para concluir precisamente esas obras, reunión de la que se especuló les venderían “cachitos” para la rifa de Playa Espíritu.
¿Por qué digo que sería lo más plausible? Porque el gobierno de la república puede realizar convenios fiscales con esos empresarios, que pudieran adelantar el pago de sus contribuciones bajo un esquema de inversión controlada para que se aplicaran en Sinaloa.
Incluso, en aquella cena con el presidente de la república, acudieron alrededor de 25 empresarios, pero bien se podría llegar a 200 de todos los municipios que harían factibles esos 15 mil millones de pesos y quizá más lo que sería una inyección financiera estratégica para estos proyectos que ya han esperado tanto y que el gobierno de Rocha garantice su éxito.
De que es un reto formidable sin duda lo es, pero es factible y sería una fórmula muy práctica para cualquier emergencia o planes futuros de gobierno y de la sociedad.
Por eso el gobernador no debe vacilar de una buena iniciativa como esta, y es muy probable que el gobierno la acepte y concrete, porque sería una ganancia para todos y más en tiempos de crisis. Ojalá.
