Pareciera que se trata de una frase cualquiera que encierra visiones políticas distintas entre gobierno y opositores, sin embargo, hay varios ejemplos que de lo que se trata es que ante el Estado y el gobierno, efectivamente “no somos iguales”, porque hay trato distinto cuando se supone que ante la ley todos somos iguales, pero tal parece se actúa bajo el apotegma disque juarista “a los amigos la ley y gracia, a los enemigos la ley a secas”.
Son reiterados los casos en que el ejercicio de la ley es selectiva, como el caso de Rosario Robles a quien han imputado sobre bases irregulares y llevando a prisión, mientras que a los parientes del presidente, su hermano Pío López Obrador y Martín protección absoluta, o el caso del exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez “El Bronco”, mientras que su secretaria de educación pública, Delfina Gómez, ya fue declarada culpable por delitos electorales por la fiscalía especializada de delitos electorales y sigue como si nada en el gabinete presidencial, mientras que “El Bronco” duerme en la cárcel.
Y no se diga el juicio sumario que a través de su “mañanera” realiza contra el periodista Carlos Loret de Mola, acusándolo de enriquecimiento inexplicable, mientras que su fiscal general nada en un mar de irregularidades que en cualquier otro país hace tiempo hubiera salido del cargo, seguramente encausado y muy probablemente en la cárcel.
Así puede hacer una larga lista de contrastes específicos, pero escala todavía más hacia responsabilidades gubernamentales como es el caso de los fallos judiciales de suspensión a la etapa 5 del Tren Maya, tanto que en la mañanera de ayer martes descarta ejercer alguna acción contra el fiscal General Alejandro Gertz Manero, y al mismo tiempo afirma que hay intereses ocultos en los fallos contra el Tren Maya.
Y el caso del accidente de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México, que ayer cumplió un año donde fallecieron 26 personas y más de cien heridos, que destapó una cloaca de corrupción que viene desde el 2012, cuando Marcelo Ebrard cerraba su sexenio como jefe de gobierno de la capital, y que ni tan siquiera han saldado las indemnizaciones, mucho menos deslindado responsabilidades y obviamente no existe causa judicial contra nadie, al extremo que en todo este tiempo no han llamado a declarar a la exdirectora del sistema metro.
Será posible que aún cuando hay un peritaje que consigna los fallos de construcción y mantenimiento, se proceda en contra de la empresa propiedad de Carlos Slim, por lo que veo yo creo que no. Esa justicia tenemos.
