Tratar con un gobierno de la república centralista y autócrata, con un partido en el poder enredado en sus conflictos que lo desangran, no poder hacer nada con un gobierno anterior que depredó la administración y con exiguos ingresos que no alcanzan para darle certeza a la administración, el gobierno estatal y los municipios, es un cuadro extremadamente difícil ante el que algo se debe hacer.
Es cierto que el gobierno de la República está agotado en sus finanzas presupuestales y hace maromas para mantener la estabilidad financiera y económica, pero tiene un ingreso extra que no comparte con nadie: Los excedentes petroleros. En lo que va del año, el precio del petróleo promedió cien dólares por barril, representando una venta de 32 mil millones de dólares y habiéndose establecido el precio promedio de 60 dólares en el presupuesto 2022 de la federación, existe un excedente petrolero de 13 mil millones de dólares que bien se puede demandar para Sinaloa una proporción alícuota.
Como también lo es que del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS) de las gasolinas, que desde febrero se convirtió en subsidio para los automovilistas, del que un 6% corresponden a los estados, mas o menos 400 millones al día de hoy, dinero que no se redistribuye a las arcas de la hacienda estatal porque los gasta el gobierno federal en ese subsidio.
Y si de encontrar soluciones se trata a ese centralismo fiscal, asfixiante e ignominioso, el gobierno estatal bien puede captar el IVA que se produce en Sinaloa y que pagan los sinaloenses, con el compromiso de que le eleven al estado su proporción de lo que le corresponde de ese impuesto, como lo hace el gobierno del estado que capta el impuesto predial rústico que es de los municipios y que les cobra por ello el 7% de lo que se recaude, como serán los 35 millones de este año por los 500 millones que cobrará, por ejemplo.
Es correcta la afirmación de que las partidas correspondientes a las participaciones federales se están entregando en tiempo y forma, pero con eso el gobierno del estado no puede proyectar casi nada ni responder a emergencias, por lo que no debemos olvidar nunca que tenemos un convenio de coordinación fiscal que saquea la riqueza que pagan los contribuyentes de nuestro estado, al solo regresarnos veinte centavos de cada peso.
Por lo que es justo y necesario revisar el fideicomiso en el que están las carreteras Benito Juárez y la caseta de San Miguel Zapotitlán, que juntas recaudan más de mil millones sin saberse ni por los diputados del congreso del estado cuánto pagan a ese fideicomiso de esos ingresos y cuánto realmente entra a las arcas del gobierno del estado, porque al parecer eso es un FOBAPROA, que no se sabe cómo empieza ni cuándo va a terminar, y ese dinero urge que lo tenga el gobierno del estado y no estar sufriendo como ahora.
Porque hay quienes dicen que el llamado “Certificado de Participaciones Ordinarias” (CPO) fueron bonos que se sacaron al mercado para construir la carretera Benito Juárez y el tramo de Mochis a Estancia Don de cuatro carriles, que incluye la caseta de San Miguel, pero según la información que se sabe, la carretera se construyó en el gobierno de Antonio Toledo Corro, con el apoyo de los campesinos de mil dólares por parcela y dinero del gobierno estatal.
Todo ello, que supuestamente está en el fideicomiso carretero 2063 y que dicho fideicomiso quedará liquidado en el año 2027, total que la verdad nadie lo sabe y la ASE va a decir que no encuentra ningún dato en los archivos de la Secretaría de Hacienda, como cuando se cuestionó por qué la MAXIPISTA la habían vendido si ya prácticamente era propiedad del gobierno del estado, y dijeron que no había archivos. Así las cosas, mañana le seguimos.
