Y el problema de la transparencia y legalidad de los recursos públicos será un problema mayúsculo porque, de antemano, la fiscalización está trabada con un conjunto de nudos que parecen imposibles de deshacer y que las autoridades puedan rendir cuentas.
¿Por qué digo lo anterior? Por varias razones muy elementales: Primero, la cabeza de la Auditoría Superior del Estado (ASE) la impuso el exgobernador Quirino Ordaz Coppel; Segundo, el exgobernador, cuando MORENA votó en contra la cuenta pública del gobierno del estado del 2017, interpuso una controversia en la corte de que la facultad de aprobar las cuentas no residía en el Congreso sino en la ASE, y se negó a publicar el decreto correspondiente; Tercero, con esa controversia en curso, que más bien creo que ya hay un fallo a favor del Congreso, por la sencilla razón de que lo establece categóricamente la constitución política del estado en su artículo 43, fracción XXII, la cuenta subsecuente de 2018 fue suspendida; Cuarto ¿Cómo hace el congreso para aprobar cuentas públicas del 2019 del gobierno estatal sin aprobar las del 2017 y 2018?; Quinto, ¿En qué se ha convertido la Fiscalía General del Estado (FGE), que su fiscal anticorrupción que persigue municipios por irregularidades como Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Ahome, pero para nada refiere ni hace sobre asuntos sin subsanar desde hace diez años? Como 1600 millones relacionados con la Unidad de Servicios Estatales (USE) o los mil millones que se invirtieron en el gobierno que pasó en el edificio HOMEX, o la no entrega durante diez años de 1600 millones de pesos al Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa (IPES), que esas son piezas mayores; Y por último ¿Por qué la ASE y la FGE no informan de todas las demandas interpuestas en esta materia y cuál es su estatus actual?
Mucho trabajo tienen los diputados y la pregunta es ¿Cuándo lo van a hacer? Porque ellos deben controlar a la ASE y pareciera que es al revés, así como qué planes tienen para destrabar este enredo de las cuentas públicas reprobadas, y lo más preocupante, qué acciones desplegarán contra evidentes actos de corrupción, como los contratos de las lámparas que aprobó el presidente municipal de Mazatlán con un contrato de origen sospechoso, por lo menos ¿Cómo poner lámparas con precios superiores a un automóvil modesto, aproximadamente 200 mil pesos?
Es difícil gobernar Sinaloa, y mucho más en tiempos de MORENA y la 4T, pero para el gobernador Rubén Rocha una de las cosas con que debe contar es un Congreso del estado y una Fiscalía autónoma de verdad, porque la gobernabilidad pasa por el mando y el mando por el funcionamiento de las leyes ¿Se va a seguir con la misma ASE? ¿Se van a seguir haciendo demandas a la carta? ¿No se podrá recobrar nada de lo de antes, de perdida el respeto? En fin, de MORENA y la 4T ya no escribiré por hoy.
